El comisario jubilado José Manuel Villarejo afronta ya más de 95 años de prisión y sólo se han presentado escritos de acusación en dos de las más de veinte piezas separadas que tiene la causa que le investiga en la Audiencia Nacional; «Iron» y «Land».
Fiscalía Anticorrupción ha instado para él una condena de 38 años y 10 meses en el contexto del proyecto «Land» donde su principal cliente, la administradora de Procisa, la promotora de la urbanización del lujo «La Finca», Susana García Cereceda, se sentará en el banquillo frente a una petición de 16 años y 10 meses de cárcel.
El escrito, difundido este martes, versa sobre esta pieza separada que se centra en el encargo que recibió el comisario procedente de Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver y el jefe de Seguridad de la empresa, David Fernández Aumente, quienes afrontan cada uno 19 años y 4 meses de prisión.
Se trataba de investigar al resto de herederos del imperio inmobiliario que dejó a su muerte Luis García Cereceda: su hija Yolanda y el marido de ella, Jaime Ostos Alcalá; su viuda Silvia Gómez Cuétara y un amigo suyo, el arquitecto Joaquín Torres. A cambio de 340.252 euros el objetivo era «conocer sus ‘debilidades/irregularidades’» para después «rentabilizar la información» obtenida y «generar desconcierto y/o desconfianza con maniobras de intoxicación informativa».
Además de Villarejo y los tres mencionados responsables del encargo, han sido acusados su mujer, Gemma Alcalá y su socio, Rafael Redondo, que afrontan cada uno más de 31 años de prisión en esta pieza que se sigue por delitos de cohecho, revelación de secretos privados y de empresa y falsedad en documento mercantil.
30 años para García Castaño
También ha sido acusado en esta pieza el igualmente comisario y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional Enrique García Castaño, para el que Anticorrupción solicita solicita 30 años y 10 meses de cárcel porque, según la Fiscalía Anticorrupción, «de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional española, obteniendo un relevante lucro por ello«.
En la pieza «Iron», donde ha sido acusado por los mismos hechos, Anticorrupción solicita para él 52 años de cárcel. En «Land», como en la anterior, el Ministerio Público explica que García Castaño formaba un «consorcio criminal» con Villarejo «que se remontaría al menos hasta el año 2005».
Consistía en que éste «le remuneraba la ilícita información que le facilitaba» mediante «entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas en especie», utilizando una «iguala por importe de 3.000 euros mensuales además del pago en efectivo del alquiler por importe de 16.000 euros anuales de la vivienda habitual» durante el tiempo que duró el proyecto «Land». Solicita que se le decomise todos los pagos que recibiese en esa época.
Tres empresas al banquillo
Junto a los acusados, irán a juicio las tres sociedades en que se escindió Procisa: La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas y la Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios en tanto que las maniobras de sus administradores habrían ido en su beneficio. De hecho, el dinero de los pagos salió de sus cuentas, de acuerdo a la tesis de los investigadores.
La Fiscalía Anticorrupción pide multas para las tres que de forma conjunta superan los 355.000 euros, así como el decomiso de los más de 340.000 que pagaron por sus «trabajos» al comisario.
CP
