La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los «retos» a los que «sigue enfrentándose» la Justicia española, señala la Comisión Europea (CE) en el segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembros.
La «preocupación» por la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los altos cargos, así como el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales integran esa lista de «retos» que figuran, en el caso de España, en la segunda edición del informe publicado este martes por la Comisión, y a cuyo borrador de 26 páginas tuvo acceso EFE.
El informe sobre España, que sigue sin mencionar el asunto catalán (porque «es un tema interno y no afecta al Estado de Derecho», según fuentes europeas), hace observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre la legislación y las prácticas anticorrupción, el pluralismo mediático y el equilibrio de poderes.
RETOS
«La Justicia española sigue enfrentándose a algunos retos», se lee en la primera línea de las conclusiones de la auditoría, que destaca a renglón seguido que «persiste» la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «a falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar una serie de órganos constitucionales».
Pero a continuación destaca como «hecho positivo» la retirada de la propuesta de reforma del sistema de selección de los miembros del CGPJ, que de haber prosperado «habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización», y recuerda que sean elegidos «por parte de sus pares, en línea con las normas europeas».
«Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas», insiste el informe.
Es la segunda vez, en menos de un año, que la Unión Europea (UE) evalúa la calidad del Estado de Derecho de sus miembros, con Polonia y Hungría de nuevo en el punto de mira, para detectar cualquier deriva antidemocrática.
La evaluación sobre España constata que se han adoptado o están previstas medidas para mejorar la calidad de la Justicia.
«La digitalización de la Justicia avanza», añade el informe, que también toma nota de que se han hecho «esfuerzos» para resolver los atrasos -incrementados por la pandemia-, como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es otro «reto» que se detecta en España.
Otro motivo de «preocupación» que reitera este segundo informe es la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno.
CORRUPCIÓN
El informe reconoce que «España sigue mejorando el marco institucional y jurídico para prevenir y combatir la corrupción», pero señala que «no existe una estrategia anticorrupción específica que oriente las medidas preventivas y represivas para luchar de forma integral».
Y pone el acento en que los fiscales señalan que la falta de recursos adecuados afecta a la rapidez de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción, incluidos los de alto nivel.
«La corrupción política de alto nivel, el fraude de funcionarios públicos y los delitos económicos constituyen los principales riesgos de corrupción grave en España», señala la auditoría.
LIBERTAD, PLURALISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En cuanto a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión destaca que el Gobierno está tomando medidas para abordar el acceso a la información, pero siguen existiendo «retos» con la transparencia de la propiedad de los medios.
Constata igualmente Bruselas que el Ejecutivo ha tomado medidas para apoyar financieramente a los medios en la pandemia, en la cual la Comisión valora que se hayan «adoptado iniciativas para facilitar» el trabajo de los periodistas.
Por contra, considera «preocupantes» casos de partidos políticos que han prohibido a medios de comunicación o periodistas asistir a sus ruedas de prensa, o que les han atacado públicamente por no compartir sus opiniones.
EQUILIBRIO DE PODERES
El informe menciona el nuevo IV Plan de Gobierno Abierto, que establece «compromisos renovados» en participación pública, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública.
También señala que las Comunidades Autónomas fueron designadas como competentes para la aplicación de medidas de emergencia por la pandemia, unas actuaciones que generaron un «aumento exponencial» de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, quien está en funciones desde 2017.
Por último, la auditoría apunta que el espacio de la sociedad civil sigue viendo «desafíos», como la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya revisión está en curso por «las preocupaciones planteadas»
CP
