Iniciamos la semana con una nueva declaratoria de Estado de Prevención en cinco departamentos del país, como medida precautoria para frenar una nueva caravana de migrantes que, supuestamente, partirá de Honduras hacia EE.UU. Como se ha comprobado ad nauseam, la emigración no se puede frenar con represión, pues se debe a factores estructurales como el hambre que, agravados por la corrupción y la impunidad, fuerzan a las personas sin esperanza a buscarse la vida en otras latitudes.
¿Qué futuro espera a la ciudadanía hondureña si están gobernados por un Presidente sindicado de pertenecer a un cártel de narcotráfico, según se evidenció en el juicio de su hermano, que recién fue condenado a cadena perpetua en una Corte de Nueva York? ¿Puede pedírsele a los hambrientos en Guatemala que no emigren si la pobreza crece, y el Pacto de Corruptos ha logrado cooptar casi todas las instituciones del Estado?
El presidente Biden ha postulado que renovará el compromiso de los EE.UU. de abordar las causas fundamentales que impulsan la migración con una estrategia regional integrada de cuatro años y U$ 4 mil millones que, entre otras medidas, “ponga la lucha contra la corrupción en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central”. Este esfuerzo requiere de energía, concertación política y un plan viable construido de manera participativa.
En septiembre de 2017, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su investigación “La Corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”. Este trabajo, serio y fundamentado, puede servir de base para la fuerza de tarea regional anticorrupción que EE.UU. pretende impulsar en el istmo.
Según el Icefi, “El libro estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el Triángulo Norte de Centro América (TNCA) tiene características especiales, derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial; todas características de democracias débiles o disfuncionales”.
Mediante una recopilación y estudio de casos en el TNCA, el Icefi identificó ocho fenómenos principales que llevan a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e impunidad. El Icefi estima que, en Guatemala, anualmente se pierde un 20% de rubros prioritarios del presupuesto por la corrupción.
El libro concluye proponiendo una agenda anticorrupción para el TNCA, con acciones legislativas y de fortalecimiento institucional para alcanzar ocho objetivos: 1) elaboración, discusión, aprobación e implementación de políticas nacionales para la transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto; 2) política fiscal que priorice la transparencia; 3) asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y gobierno abierto; 4) garantizar el acceso a la información pública, y protección de datos personales; 5) facilitar la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil; 6) incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción; 7) reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y, 8) reforma estructural del sistema de administración de justicia, incluyendo acciones que fortalezcan sus capacidades para luchar contra la corrupción.
CP
