Cómo recuperar los bienes saqueados por la corrupción. Siempre el bolsillo le va a doler mucho más al corrupto que la cárcel, pues sabe que ésta siempre va a ser arreglada por una u otra razón, y nunca va a terminar sus días entre rejas., Alberto Asseff.
«Hay que avanzar sobre la recuperación de los bienes robados. Y que el decomiso no signifique depósito judicial, sino inmediata utilización porque si es un vehículo, maquinaria o una casa, su no uso significa deterioro además de un dispendio.
Por eso hay que usarlo rápidamente adjudicándolo a las ONG, o a los organismos públicos».
Desde esa perspectiva, Alberto Asseff -diputado de Juntos por el Cambio y presidente del Partido UNIR (Unión para la Integración y el Resurgimiento)– expresó que si se trata de vehículos, hay que adjudicarlos a la Policía. Y si son maquinarias viales, a Vialidad.
En junio de 2019 -antes de las elecciones presidenciales celebradas en octubre-, Asseff deshizo la alianza con José Luis Espert (Frente Despertar). Sostuvo que no quiso «ser funcional al kirchnerismo».
– ¿Qué medidas urge adoptar respecto de los bienes que le fueron saqueados al Estado por hechos de corrupción?
– Lo importante es utilizar esos bienes recuperados. Acá solo se emplea el 10 ó 12% de lo recuperado. Por ejemplo, en Mar del Plata hay unos 550 vehículos en muy buenas condiciones que han sido decomisados. Solamente se han entregado al municipio 40. O sea, menos del 10%. El resto se oxida en los depósitos judiciales.
Y además hay pequeños hurtos de accesorios del vehículo. No sirve para nada mantenerlo en depósito.
– ¿Cómo funciona en otros países esa devolución?
– En todos los países del mundo se hace ese reintegro, menos en la Argentina. Es muy difícil. La gente culturalmente habla de la pena y se olvida de la recuperación de los bienes. Y esto último es inclusive más importante que la pena.
El bolsillo le va a doler mucho más al corrupto que la cárcel, pues sabe que ésta siempre va a ser morigerada por una u otra razón, y nunca va a terminar sus días entre rejas.
Eso es lo que está pasando con Lázaro Báez. A pesar de todas las pruebas que se han acumulado sobre su enriquecimiento y su complicidad en materia de obras públicas amañadas, o las obras públicas que cobró y no hizo, ahora le establecieron una aparentemente «voluminosa» caución real de $632.500.000 que traducida al dólar es nada.
– Más allá de quienes solo ven episodios aislados, ¿podría decirse que en nuestro país, el flagelo de la corrupción es un mal «endémico»?
– Estamos en un momento nada fácil para abordar el tema de la corrupción, y la gente está descreída porque ve que en vez de combatirla hay una suerte de blindaje de impunidad. Creo que sí es endémico. El grave problema es que esa endemia en lugar de acotarse se va agravando.
– Aparte de las figuras del arrepentido y del testigo protegido, en vigencia desde 2016, ¿qué otras innovaciones podrían servir para combatir la corrupción?
– Hay que contar con instrumentos legales, mucho más precisos y avanzados. Pero además con cambios muy sustantivos en la composición del Consejo de la Magistratura.
Ese organismo tiene que despolitizarse sí o sí. No es admisible que sea político el organismo que elige jueces imparciales. Nunca va a haber jueces probos e imparciales si interviene la política partidaria.
– La Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que se investiga a Cristina Kirchner y sus hijos. ¿Cree que ese organismo debería tener mayor autonomía del Poder Ejecutivo?
– Personalmente he cuestionado con dureza a Félix Crous. La OA necesita tener autonomía absoluta de la Casa Rosada. Si depende de la Presidencia, ya de por si tiene un impedimento para poder obrar con toda la amplitud que corresponde a su función.
Su tarea es precisamente combatir todos los actos de corrupción del Estado, descubrirlos denunciarlos y transformarse en querellante. Si depende del Presidente no puede cumplir con libertad esa alta función.
– ¿Cómo está legislada en la Constitución Nacional, o convenciones internacionales, la obligación de combatir la corrupción?
– La Constitución Nacional trata de «traidores a la patria» a los corruptos. Es una tacha fulminante que se introdujo en 1994. (Concretamente, el art. 36 de la Carta Magna dice que «atentará contra el sistema democrático, quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento»).
Pero además la Argentina adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ese pacto es también muy contundente. Debe cumplirse a rajatabla. Pero todo esto necesita de una conciencia pública ciudadana.
Una sociedad exigente y controlante determina muchas conductas de los dirigentes, incluso de los jueces. Por otro lado el corrupto es muy habilidoso para «embarrar la cancha» y defenderse diciendo: «Somos todos iguales». Y es ahí donde la gente ya no sabe quién es quién. Si se pudiera quebrar la impunidad, comenzaría a torcérsele el brazo a la corrupción.
– ¿Qué otros factores inciden en el descreimiento de la población, respecto de la conducta de los dirigentes?
– Es una conjunción de factores. Hay una sucesiva y recurrente frustración. Son muchas las denuncias por hechos de corrupción, pero solamente se logran condenas en el 2 ó 3 % de los casos. La sensación que tiene la gente es que «todos son corruptos».
Y que «todos la hacen, pero nadie la paga». Entonces, para qué voy a pedir honestidad y conducta a los dirigentes, si prácticamente se considera que es de imposible consecución ese objetivo.
Y ahí es donde se encabalga el sistema corrupto en la resignación y sigue avanzando. Además no puede ser que en la Argentina los procesos judiciales tengan un promedio de duración de 12 ó 14 años. Eso es imposible, inaudito, patético, o directamente.
– ¿Hay algún elemento favorable que pueda abonar el optimismo antes de que el abatimiento se generalice?
– Las redes sistémicas de corrupción pueden tener más gravitación para el mal, porque no hay una resistencia social firme. Pero también es cierto que últimamente estamos viendo que hay un sector de la población -que no es menor, y puede potencialmente crecer hasta incluso ser mayoría-, saliendo a la calle o manifestándose, por algo tan genérico pero también tan doloroso como lo es la corrupción.
Esto, en general, no ocurría antes. Las manifestaciones eran por protestas puntuales, temas sectoriales, o por algún asunto específico. Y ahora la gente sale a «cacereolar» en contra de una excarcelación.
O en contra de una jubilación de privilegio como la de (Amado) Boudou. O alguna cuestión que no le toca directamente y sin embargo reacciona. Eso es un factor que hay que tenerlo muy presente como algo positivo. ¡De ahí nos tenemos que asir para empezar a enhebrar cambios en la Argentina!
RECUPERACION
– Frente a la pandemia del covid-19, ¿existe la posibilidad de que la Argentina implemente un programa de recuperación, en el plano de la salud y la economía?
– El abatimiento psicológico que tiene la gente es todavía más profundo que la crisis económica y el miedo al virus. El miedo al virus combinado con la crisis económica ya de por sí es explosivamente malo.
Y si a eso se agrega una sociedad psicológicamente abatida, muy resignada, pero ya no con respecto a la corrupción, sino a la posibilidad de que la Argentina tenga un programa de recuperación.
Y acá todavía no se ha hablado claro con precisión y planificación, cómo defendernos del virus que nos ataca. La única reacción fue decir: «Nos amurallamos y nos quedamos en casa». Eso tiene muchas limitaciones desde todo punto de vista.
– ¿Cree que con la actual situación crece el riesgo para el ejercicio de las libertades públicas?
– Por supuesto. Y no solo un riesgo para las libertades públicas, sino para la actividad privada o la iniciativa privada de los argentinos. Entre los dos riesgos hacen que nos encaminemos hacia un Estado fallido. No a un súper Estado, sino un país fallido.
¿Por qué? Porque el Estado va a terminar quedándose con todo y desarticulará el sistema económico. Cuando Venezuela tuvo una crisis económica por falta de divisas, Hugo Chávez expropió el sistema petrolero. El resultado fue que hubo que terminar importando petróleo de Irán.
– ¿Considera que el caso Vicentin era la punta de lanza de una expropiación aun más amplia?
– Estaba el intento de expropiación. Y era la punta de lanza de una expropiación más vasta de todo el sistema agro exportador. Sobre todo el complejo cerealero exportador.
Quieren afectar al productor, hacerle bajar los brazos y quedarse con los campos. Y lo están haciendo incluso con violencia.
CP
