Con Rafael Correa se perfeccionó la corrupción en Ecuador. Contratar con el Estado es muy complicado. Lo saben los proveedores y los funcionarios públicos.
Para quienes tienen sus negocios, la opción de hacerlo significa en muchas ocasiones tener provisiones hasta que todo se finiquite y sus servicios puedan ser pagados.
Sin embargo, un giro simplificó las cosas, especialmente después del 2008. La declaratorias de emergencia, un método constitucional que permite al Estado contratar sin tantas trabas cuando hay una coyuntura que amerite obviar los pasos.
Los legisladores del tiempo del Congreso recuerdan que para declarar la emergencia, dependiendo de los casos, esta debía ser aprobada por el Congreso y por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Sin embargo, eso cambió, como muchas otras cosas que eran normales. Cómo no recordar los tiempos en los que para contratar deuda externa se debían publicar todos los términos y condiciones en el Registro Oficial, algo que cambió a partir del 2008, cuando empezó una agresiva deuda con China.
Las declaratorias de emergencia tomaron un nuevo rumbo desde que el gobierno correísta decretó un estado de emergencia en Petroecuador que permitía contratar rápidamente para mejorar la explotación petrolífera en el país.
En dos años el correísmo renovó 10 veces la emergencia. De ese tiempo, la figura se perfeccionó.
En el correísmo, los contratos de comunicación de las entidades estatales entraban en modo de emergencia o de régimen especial (con un solo proveedor, el 75% de la contratación en tiempos de Rafael Correa, según el Sercop).
De ahí que en el momento en el que se decretó la emergencia por el covid-19 las prácticas ya estaban normalizadas.
Al contratar en emergencia se saltan muchos pasos de control y se dan muchas irregularidades.
Desde el 2008, el sistema de corrupción se ha perfeccionado. Este Diario descubrió el tema de las mascarillas de USD 12 y el resto de la prensa ha encontrado más corrupción en este tipo de contratos.
CP
