La Ciencia Política tradicional ha considerado que las causas de la corrupción están radicadas en las deficiencias del sistema político, en particular en el déficit democrático (Andvig y Odd-Helge, 2000).
A partir de la investigación de Doig y Theobald (2000) podemos caracterizar éste déficit como los sistemas políticos deficientes que carecen de democracias óptimas con división de poderes; y de métodos de inspección y de balance de instituciones.
En general, la relación entre corrupción y democracia es considerada negativa, es decir, que cuanto menos democrático es un sistema político, más corrupto también.
La corrupción política generalizada está considerada como efecto de un estado deficiente, con una severa falla de buena gobernancia, liderazgo ético y consistencia democrática (Hope, 2000).
La Ley de Democratización (Friedrich, 1989) que establece que el grado de corrupción varía inversamente respecto al grado de consenso del poder, también apoya a lo que se ha convertido en el argumento básico y más práctico contra la corrupción y sus causas: La corrupción sólo puede ser revertida en un marco de democratización del Estado.
Según Amundsen (1999), dentro del grupo de los sistemas no democráticos parece confirmarse la relación entre formas autoritarias de poder y escenarios con un alto nivel de corrupción.
Por el contrario, según Andvig y Odd-Helge (2000), es importante tener en cuenta que el control autoritario de la política y la economía implica también un estricto control sobre los niveles de corrupción y los mecanismos de distribución de los recursos.
Little (1992) señala que los gobiernos militares en los países del Tercer Mundo han padecido una mayor corrupción a nivel de derechos humanos que a nivel económico.
En esta línea, Naim (1995) indica que mientras que en los gobiernos autoritarios la corrupción está institucionalizada y por lo tanto es predecible y controlable, en los gobiernos democráticos está librada a la competencia y al hecho de que una mayor participación de actores implica una mayor cantidad de potenciales corruptos.
Finalmente, Andvig y Odd-Helge (2000) concluye que las teorías más esquemáticas encuentran una relación inversamente proporcional entre corrupción y democracia.
Sin embargo, una teoría mejor elaborada sostendría que la relación no es lineal sino acampanada.
Es decir, que mientras que en el período de transición de una dictadura hacia una democracia encontramos altos niveles de corrupción, en los estadios de estabilidad tanto la forma totalitaria como la democrática pueden subsistir sin una gran presencia de corrupción.
Las formas estables de gobierno tienden a poder controlar el nivel de corrupción y a mantenerlo en grados viables.
CP
