La democratización de los regímenes políticos en Centroamérica no ha significado per se la consolidación del Estado de derecho en toda la región. Los sistemas judiciales de Centroamérica han logrado mejoras importantes en sus marcos legales, infraestructura y presupuesto, pero en su mayoría continúan sujetos a la interferencia de otros poderes del estado y actores de la sociedad.
Esta realidad se ve reflejada en los resultados de nuestra investigación, que señalan como principales manifestaciones de la corrupción al interior de los sistemas de justicia no sólo el soborno sino la interferencia política en las decisiones judiciales.
De acuerdo con la información relevada en los informes nacionales, el soborno se manifiesta principalmente a través de pagos indebidos para la emisión de órdenes de libertad, el otorgamiento de medidas sustitutivas, la modificación de la tipificación de los delitos, el dictado de medidas cautelares, el manejo de las notificaciones en perjuicio o beneficio de alguna de las partes, la aceleración de los trámites, así como por la venta de proyectos de resoluciones, o para recibir privilegios carcelarios, entre otras razones.
En algunos de los países estudiados, estas conductas son una manera sistemática de operar de ciertos juzgadores y auxiliares de justicia.
Por otro lado, todos los informes nacionales mencionan el rol de los abogados como agentes corruptores de la judicatura. De acuerdo con las entrevistas realizadas, se ha podido comprobar que muchos abogados «ofrecen agasajos y regalos a los servidores judiciales, con la intención de que cuando conozcan sus casos, estos se resuelvan conforme a sus pretensiones».
Asimismo, se procuran ganancias adicionales exigiendo a sus clientes sumas de dinero que supuestamente serán compartidas con el juez (o fiscal), lo que incide en la imagen negativa del sistema de justicia.
Muchas de estas prácticas corruptas -que según todos los indicios son frecuentes en muchos de los tribunales centroamericanos- tienen directa relación con las deficiencias estructurales de la organización o funcionamiento del aparato jurisdiccional.
En este marco, ocupa un sitio de privilegio el problema de las dilaciones procesales o mora judicial. La lentitud en los procesos constituye un incentivo para la aparición de prácticas extorsivas o para el ofrecimiento de sobornos como mecanismos para acceder a información del expediente o acelerar los trámites.
Los protagonistas de estas actuaciones muchas veces son los funcionarios auxiliares o personal administrativo de los órganos judiciales. Cabe resaltar que durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos en Centroamérica para reformar los sistemas de administración de justicia y hacerlos más fuertes, independientes, eficientes y accesibles.
Lamentablemente, estos esfuerzos deben enfrentarse, en no pocos casos, a un legado autoritario en el que la influencia del poder ejecutivo en las actuaciones de los otros poderes y el impacto de las fuerzas políticas ha sido una práctica constante que resulta imposible modificar de un día para otro. Un Poder Judicial independiente implica la ausencia de presiones o influencias externas que a la hora de juzgar introduzcan elementos adicionales a los méritos del caso.
Aunque es difícil medir el nivel de independencia de un Poder Judicial, es posible identificar la existencia de garantías para evitar las injerencias de otros poderes del estado o de particulares sobre el Poder Judicial.
La existencia de un mayor o menor número de estos mecanismos para la prevención de la corrupción puede darnos un indicativo del nivel de independencia del Poder Judicial evaluado. Según la información recabada en los informes nacionales, parece ser que en la mayor parte de países centroamericanos, resulta necesario y urgente promover la introducción de este tipo de medidas.
La presente investigación pretende ser un aporte en ese sentido. Además del análisis, evaluación y conclusiones a las que se llega, nos interesa que las propuestas que aquí se dan sean tomadas en cuenta y sirvan para iniciar procesos de cambio y mejora en los poderes judiciales de la región.
En la primera fase de la investigación, el equipo de DPLF efectuó viajes de contacto y exploración a cada uno de los países comprendidos en el proyecto, y llevó a cabo una serie de entrevistas con autoridades, expertos y operadores del sistema de justicia, al tiempo que procuraba allanar eventuales dificultades para el acceso a las fuentes de información oficiales.
En una segunda etapa, además de definir, precisar y detallar el marco de la investigación y los instrumentos metodológicos, el equipo de DPLF seleccionó a los consultores nacionales, quienes fueron convocados a un taller de coordinación con la finalidad de establecer las bases
Con las observaciones formuladas en el taller de San Salvador, el equipo de DPLF se concentró en la elaboración del documento definitivo para la recolección de la información en cada país y la guía para la elaboración de los informes nacionales (incluidos como anexos). Luego de ello, se inició la tercera fase, que consistió en una prueba piloto de aplicación del instrumento, lo que permitió hacer nuevos ajustes con base en consideraciones locales.
Tras completar el acopio de datos y efectuar el análisis, los consultores redactaron informes preliminares. Cada reporte fue objeto de comentarios y sugerencias por parte de DPLF y, con ellos, los expertos nacionales elaboraron informes definitivos.
Por último, con base en los hallazgos expuestos en los informes nacionales, se redactó el informe comparativo regional. Debido a la naturaleza de nuestro objeto de estudio, las fuentes de información consultadas para la preparación de los informes nacionales fueron diversas. No sólo se estudió la legislación vigente en cada país, sino que además se hizo una revisión de expedientes disciplinarios abiertos por presunta corrupción de jueces y personal judicial administrativo.
Asimismo, se sostuvieron entrevistas a profundidad con informantes calificados que, de alguna manera, estaban vinculados a la actividad de los tribunales de justicia (jueces, auxiliares jurisdiccionales, miembros del Ministerio Público, abogados litigantes, profesores de Derecho y estudiantes, periodistas especializados, analistas políticos, entre otros). Igualmente, se consultaron sondeos y encuestas de opinión sobre la problemática de la corrupción general o judicial, a la vez que se efectuó una revisión sistemática del tratamiento dado a la materia por la prensa escrita entre los años 2002 y 2006 (el mismo lapso considerado para el estudio de expedientes disciplinarios).
Esta combinacion de fuentes permite una mayor fiabilidad de los resultados, si bien éstos deben ser situados en una dimensión cualitativa. La primera parte de los informes nacionales aborda el fenómeno de la corrupción judicial, haciendo una comparación entre la percepción que existe sobre este fenómeno en el país en cuestión, con la realidad que se encontró a partir del procesamiento de la informacion recabada.
La segunda parte de los informes realiza un análisis detallado de los órganos de control de la corrupción judicial, comprendiendo aqui tanto a los órganos que forman parte del propio sistema judicial, como a los que se encuentran fuera.
Cada informe incluye una serie de conclusiones y recomendaciones. El informe comparativo parte de los insumos proporcionados por los informes nacionales para hacer un balance y comparación acerca del fenómeno de la corrupción judicial en la región.
Este informe incluye también una serie de recomendaciones para combatir directamente la corrupción judicial pero también para prevenirla. Como se mencionó al inicio de la introducción, los programas de combate a la corrupción en Latinoamérica se han venido focalizado en los poderes ejecutivo y legislativo, dejando a los poderes judiciales muchas veces fuera de esta corriente mundial de rendición de cuentas y transparencia al interior de las instituciones estatales
CP
