Corrupción, ciberataques y fraude, flagelos que profundiza la pandemia. La crisis global producto de la pandemia de coronavirus, entre otros efectos, también abre las puertas para que aumente la corrupción, el fraude en general y los ciberataques en particular.
Mientras que el mundo sigue atónito cómo cambió la vida en los últimos seis meses, y hace enormes esfuerzos para mitigar las gravísimas consecuencias del virus en materia de salud y economía, otros intereses se mueven en las sombras con enorme poder de daño.
Delia Ferreira Rubio, directora argentina de Transparencia Internacional, afirma que «los riesgos de corrupción aumentan durante las emergencias y en una pandemia global como la del Covid-19 esos riesgos son aún mayores».
Y añade: «La urgencia determina la necesidad de decisiones rápidas. Esto lleva al empleo de mecanismos de excepción que desatienden las restricciones legales generales y aprovechan el debilitamiento de los procesos de control normales.
Además, la emergencia es utilizada por los gobiernos como excusa para la concentración de poder».La urgencia determina la necesidad de decisiones rápidas. Esto lleva al empleo de mecanismos de excepción que desatienden las restricciones legales generales.
Es por eso que algunos gobiernos están en estado de alerta. En un webinar organizado por el estudio jurídico Marval, O’Farrell y Mairal, el abogado estadounidense Andrew Levine dijo que «en estos tiempos suceden cosas malas» y agregó que, en su país, «los fiscales no están en modo pausa, están más atentos que nunca», al tiempo que afirmó que las denuncias subieron un 25% durante la pandemia.
«Están muy focalizados en perseguir a quienes se aprovechen del Covid-19 para delinquir. En el Departamento de Justicia americano (DOJ) identificaron tres delitos que se acentuaron: compras y contrataciones fraudulentas, fraude relacionado con los sistemas de salud y con curas milagrosas, y fraudes internos en las compañías», explicó.
Algunos números del conocido «Report to the Nations 2020», realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, que traducido es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), indican que, a nivel mundial, la corrupción público-privada es el formato de delito más común en todas las regiones.
Por otro lado, estipula que los fraudes dentro de las empresas tardan en promedio 14 meses en ser descubiertos y, por ello, las compañías pierden un mínimo del 5% de las ganancias anuales por estas acciones. Muchos de los fraudes que se cometen en esto tiempos serán revelados entonces recién a fines de 2021.
En cuanto al cibercrimen, según la consultora Kroll, el phishing (mails falsos para que la gente revele sus datos personales y claves de sus cuentas) aumentó un promedio del 35% desde que comenzó la pandemia y el malware (ataques al sistema informático), un 15% con respecto al período 2019.
El ransomware (secuestro de información para exigir un rescate), según la consultora PwC, se multiplicó por 10 en los últimos tres meses.
Desde la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicaron que por estos días también «aparecen el robo de suministros, el incremento de precios no justificado, la reventa en mercados grises y/o negros, el aumento de productos de calidad inferior y/o falsificados, los pagos informales y el tráfico de información privilegiada, entre otros ejemplos».
Además, proliferan los engaños que se aprovechan de las personas que quieren ayudar a los más vulnerables. «En Europa, 80 millones de páginas web fueron dadas de baja por la Comisión Europea por publicaciones maliciosas», suma el experto en cumplimiento y control Gustavo Nigohosian.
A más burocracia, mayor corrupción
En la era del confinamiento, aunque sea una cuarentena más flexible, existe el peligro de que los estados se vuelvan más totalitarios, hipercontroladores y hasta espíen a sus ciudadanos, entre otros males. Diego Taich, director de Consultoría IT de PwC, señala que muchos países están haciendo un trackeo de dónde están las personas, por dónde transitan y con quién se juntan. «Esto se hace para contener los contagios, pero trae preocupación al ciudadano común porque se vulnera la vida privada de las personas», añade.
«Con los peligros que trae la suma del poder público, cualquier actividad o negocio que quieran llevar adelante personas o empresas tienen que pedir un permiso o una autorización. La actividad económica está más regulada y el riesgo de que ocurra un acto de corrupción es más alto», sostiene Andrés Sarcuno, director de Forensic Services de PwC Argentina. «A mayor burocracia, mayor probabilidad corrupción», completa.
En la Argentina, según Poder Ciudadano, solo el 20% de las contrataciones están publicadas. «Lamentablemente el máximo organismo de control, la AGN, ha perdido una excelente oportunidad de mostrar que, frente a contrataciones de excepción, también se pueden implementar controles de excepción. Controlar bien y a tiempo también salva vidas», afirma Ferreira Rubio.
Y ejemplifica: «En general, las situaciones se repiten en distintos países del mundo e incluyen sobreprecios, coimas, contratos en los que se acuerdan suculentos adelantos sin las debidas garantías, conflictos de interés entre los funcionarios que contratan y las empresas contratadas…También se observa la adjudicación de contratos a proveedores sin la debida diligencia previa que luego no pueden cumplir lo pactado».
Desde la AGN, confirmaron que no habrá lugar al pedido de la oposición para dar inicio inmediato a las tareas de control sobre los gastos del Estado durante la pandemia, que recién se realizarán en 2021.
¿Por qué no auditar ahora? «No hay un acuerdo por parte de la mayoría al respecto, ya que es un organismo colegiado de 7 integrantes», responden.Se observa la adjudicación de contratos a proveedores sin la debida diligencia previa que luego no pueden cumplir lo pactado.
En este contexto no hay que olvidar que desde 2018 está vigente en la Argentina la ley de responsabilidad penal empresaria, que penaliza con multas y hasta con la quita de la personería jurídica a las empresas que sobornan a los funcionarios.
La directora de Transparencia Internacional advierte que estos delitos no son solo una cuestión financiera o económica.
«Hay vidas en juego, tanto de quienes sufren la enfermedad como de aquellos que trabajan en los equipos de salud. Máscaras que no protegen, test que no testean son un buen ejemplo, además de implicar la mala administración de los recursos públicos», contextualiza.
Los ciberataques crecen con la pandemia
Los ciberataques se multiplican y son peligrosos. ¿Hasta dónde pueden llegar? Maximiliano Pérez Toews, director de investigaciones en Kroll, explica que pueden estar destinados a obtener un beneficio económico u otro tipo de objetivos como el espionaje empresarial, también muy frecuente.
El robo de datos personales, fotos e información de claves bancarias se realiza hoy aprovechando la vulnerabilidad de las personas. Se incrementaron durante la pandemia por distintos factores, entre ellos, el home office: más del 70% de los empleados que está trabajando bajo esta modalidad no fue capacitado sobre los riesgos adicionales que esto puede implicar en materia de ciberseguridad, como pueden ser los mails falsos que tienen la intención de recabar datos.
Uno de cada cuatro empleados consultados por Kroll manifestó haber recibido esta clase de mails en lo que va de la pandemia.
«Cambiaron los paradigmas laborales», dice Juan Cruz Amirante, jefe de la oficina de la Argentina de Kroll. «Con el home office trabajamos con nuestras propias redes caseras, por lo que hay que capacitar a los empleados para tener políticas de ciberseguridad.
Es infinitamente más vulnerable la red de la casa que la empresarial», explica. Pérez Toews agrega que también representa un peligro la computadora personal o el dispositivo propio, que está menos preparado para prevenir a los virus.
Otra herramienta ahora habitual para estar atentos son las videollamadas: se empezó a usar mucho más seguido sin las medidas de seguridad necesarias. Como ejemplo, en abril, 500.000 mails, passwords y demás información incluida en la plataforma Zoom fueron robados y vendidos por hackers.
Comercio electrónico y normas de seguridad
El auge del comercio electrónico va en la misma línea. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) muestra que las ventas por internet aumentaron un 84% en abril, en comparación con un mes promedio del primer trimestre de 2020.
Desde la misma entidad afirman que muchas empresas no estaban preparadas para usar este tipo de tecnología, que necesita estrictas normas de seguridad.
«Cuando se realiza una compra, hay que ingresar datos personales y los de la tarjeta, pero muchos comerciantes lanzan el e-commerce sin aplicar medidas que sean lo suficientemente robustas porque quizás no contratan a una empresa confiable.
Van a una opción más barata, pero menos segura», explica Pérez Toews. Es entonces que se dan ataques externos, como el robo de identidad y de la tarjeta de crédito, por nombrar algunos.
El costo de una plataforma segura es alto, lo mismo que el costo de mantenerla, algo que la mayoría de las pymes no puede afrontar.Muchos comerciantes lanzan el e-commerce sin aplicar medidas que sean lo suficientemente robustas.
Desde PwC aconsejan no mandar fotos de la tarjeta de crédito por WhatsApp, comprar en tiendas oficiales y, a modo de prueba, colocar el puntero en la página web para saber a dónde se redirecciona la página.
Fraude: trabajando con el enemigo
Otro delito relevante es el fraude de las personas que trabajan en la empresa y que atentan contra la misma compañía. «Es hacerse del activo de una empresa. Puede cometerse a través de un ciberataque o no», comenta Amirante, de Kroll.
Quizás uno de los casos actuales más resonantes fue el de Wirecard, la compañía alemana que buscaba ser número uno en el mundo en el campo de los pagos digitales y que cometió fraude en sus estados contables. En poco tiempo pasó de ser un orgullo alemán a una vergüenza nacional. «Este tipo de fraude es el más letal.
comienza es muy difícil de parar y, por lo general, termina con la compañía», afirma Diego Bleger, socio de KPMG, empresa de servicios de asesoría y auditoría. Según el experto, para descubrir este tipo de delitos se usa data analytics, que abarca el 100% de la información contable para detectar anomalías.
Se trata de un delito que siempre existió, pero que aumentó a causa de la crisis por el Covid-19. «En la Argentina, cuando una compañía sufre un robo, solo se recupera el 20% de lo que perdió, en el mejor de los casos», asegura Amirante.En la Argentina, cuando una compañía sufre un robo, solo se recupera el 20% de lo que perdió, en el mejor de los casos.
«En las empresas, las dificultades económicas acentúan los conflictos entre socios y administradores, dando lugar a acusaciones por administración fraudulenta, un delito que es mucho más difícil de ocultar en tiempos de escasez económica», plantea el abogado Roberto Durrieu.
«Los conflictos también se agudizan entre las empresas y sus acreedores, lo que puede dar lugar a insolvencias punibles cuando el empresario oculta sus activos para no hacer frente a las deudas que pueda tener con proveedores o empleados», añade.
Inversiones en la mira
Las distintas maneras de cometer fraude son infinitas. Pero en ACFE advierten que hay que prestar atención a una quizás no tan difundida: el fraude con inversiones. «Hace unas semanas la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) envió una notificación que era una alerta sobre las estafas llamadas «pump and dump» (dar manija y descartar), que se correlacionan con el Covid-19.
El texto era: «Tengan cuidado, porque hemos visto al menos dos compañías que están ofreciendo productos relacionados con el coronavirus. Hay brokers que los van a tratar de convencer de que inviertan en las acciones de las compañías que ofrecen estos productos. Eso producirá una inflación del precio de esas acciones.
el broker, que también tiene esas acciones, las vende y obtiene una ganancia. Cuando venden sus acciones, el precio se derrumba». La SEC ya ha sancionado a compañías por ese tipo de conducta.
Nigohosian advierte que 32 empresas de Estados Unidos que cotizaban en bolsa fueron suspendidas. «Estas compañías citaban, en reportes y publicaciones al mercado, información inexacta tendiente a subir ficticiamente el precio de sus acciones.La mayoría afirmaba tener desarrollada la cura contra el Covid-19″, explica.
Jason Zirkle, director de capacitación de la ACFE, asegura que es el momento perfecto para que ataquen los estafadores que «no tienen problema en robar a gente mayor o a personas que están en situación de extrema vulnerabilidad». Sin dudas, es tiempo de redoblar la atención.
CP
