Corrupción, oro y cocaína. Con la elección de Chan Santokhi como nuevo presidente, Surinam puede tratar de dejar atrás el legado de violencia y deshonra de Desi Bouterse, el anterior mandatario. Pero Santokhi tiene una dura tarea por delante: su vicepresidente es un narcotraficante convicto, la corrupción campea y el tráfico de oro ilegal y cocaína pasa por un momento de efervescencia.
El 16 de julio, Chan Santokhi tomó posesión como nuevo presidente de Surinam. Su elección puso fin a una década de Desi Bouterse en el poder.
Bouterse demostró ser una figura extremadamente controvertida, con acciones en el país suramericano que dominaron los titulares de la prensa internacional.
Llegó al poder mediante un golpe militar en la década de los 80, y volvió luego a la silla presidencial mediante elecciones democráticas en 2010. Ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos y narcotráfico.
En 2019, fue declarado culpable de homicidio por torturas y ejecuciones de 15 opositores atribuidas a soldados del régimen en 1982; Bouterse ha apelado la sentencia.
Ha sido juzgado en ausencia por narcotráfico en los Países Bajos y su hijo, Dino, se encuentra preso en Estados Unidos después de ser señalado de intentar ayudar al grupo islamista Hezbollah a montar una base en Surinam.
Por el contrario, Santokhi se ha forjado una reputación como adalid contra el crimen. Expolicía y ex ministro de justicia, se dice que contribuyó al golpe dado al al tráfico de cocaína por Surinam y fue uno de los promotores de la Declaración de Paramaribo en 2006, mediante la cual una docena de países de América, entre ellos Colombia, Brasil y Estados Unidos, acordaron mejorar su intercambio de inteligencia sobre el narcotráfico transnacional.
Pero existen dudas fundamentadas sobre cuánto margen de maniobra tendrá Santokhi. La infraestructura criminal dejada por Bouterse involucra a las élites políticas y empresariales del país.
Sobre esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) afirmó que “la corrupción es un problema sistémico imbricado en casi la totalidad de las estructuras, instituciones, sectores y transacciones” del país.
Además, Surinam está al borde de la bancarrota. La deuda del país se ha disparado, sus calificaciones crediticias han bajado drásticamente y el dólar surinamés experimenta una devaluación acelerada: el precio del dólar estadounidense en el mercado negro dobla la tasa oficial.
Y la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Surinam después del oro, ha reportado aún menos ingresos al estado.
Aquí, InSight Crime analiza los principales obstáculos criminales y de seguridad que enfrenta Santokhi:
1. La voluntad y la capacidad de alterar el orden de las cosas
Para asegurarse una mayoría en la Asamblea Nacional de Surinam, el Partido Reformista Progresista (Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP) de Santokhi formó una coalición con otros, incluido el Partido General de Liberación y Desarrollo (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP) del vicepresidente Ronnie Brunswijk.
Dicha coalición limitaría el poder de Santokhi en ciertas circunstancias, y la situación se complica aún más porque Brunswijk es un exinsurgente, narcotraficante convicto y tiene vigente un requerimiento de la Interpol.
Esa historia, incluidas las condenas en Francia y los Países Bajos y la sospecha de participación del vicepresidente en un homicidio en 2002, indica que Santokhi puede hacerse la vista gorda frente a los antecedentes criminales de su colega más cercano.
El acuerdo de coalición entre el VHP y el ABOP, y dos partidos más pequeños, sin embargo, menciona medidas para combatir la corrupción. Luego de estabilizar la economía, que se encuentra en graves apuros, el nuevo gobierno planea fortalecer el registro de antecedentes judiciales de Surinam.
Ha prometido reforzar la independencia de la rama judicial mediante un presupuesto aparte, la promoción de los servicios públicos de acusación y la designación de fiscales especiales para casos de corrupción a gran escala, más la implementación de la ley anticorrupción existente en el país.
No hubo mención específica del narcotráfico y el lavado de dinero en la declaración de intenciones del nuevo gobierno.
Y aun si Santokhi se arriesga seriamente a reformar las instituciones corruptas del país, enfrentará una resistencia enconada. Mientras Bouterse estuvo en el poder, la corrupción suscribió los contratos del gobierno, las obras públicas y los nombramientos de altos funcionarios.
En ausencia de una legislación viable contra el lavado de dinero y actividades criminales similares, la capacidad del nuevo presidente para implementar reformas puede verse bastante limitada.
Además, está la pregunta de qué suceda con el mismo Bouterse. Desprovisto de su inmunidad política, puede enfrentar prisión si pierde la apelación a su condena de homicidio.
En entrevista con la cadena neerlandensa BNR, Santokhi afirmó que la extradición de Bouterse a los Países Bajos era de la competencia de las autoridades judiciales.
Aunque enviar a Bouterse a responder ante la justicia criminal en el exterior puede ayudar a reducir las tensiones en el país, la actual ley surinamesa prohíbe la extradición de cualquiera de sus ciudadanos, como también acotó Santokhi.
2. Enfrentar el tráfico de cocaína
Santokhi toma las riendas de un país que, pese a su reducido tamaño, mueve toneladas de cocaína hacia Europa y tiene poca resiliencia frente al crimen organizado y sus operaciones de lavado de dinero.
La cocaína ingresa a Surinam por tierra, mar o aire, con poco riesgo de detección en una selva que cubre el 90 por ciento de su territorio. Y las estadísticas recientes de decomisos parecen indicar un incremento del flujo de cocaína.
Aunque son confiables, las estadísticas a largo plazo sobre narcotráfico son difíciles de conseguir en Surinam, según informó Krishna Mathoera, expolicía y nuevo ministro de defensa de Santokhi, al afirmar que los decomisos de cocaína se habían ducplicado en el gobierno de Bouterse. Esto puede estar acelerándose.
En 2018, se incautaron 750 kilogramos de cocaína frente a más de 4.000 kilos en 2019, según estadísticas suministradas por la Policía de Surinam (Korps Politie Suriname, KPS).
La detección de un astillero para la construcción de submarinos de grupos criminales colombianos en 2018 mostró una vez más el alcance de la impunidad con que operan los narcotraficantes en el país.
Aparte de eso, Surinam es un destino atractivo para el lavado de dinero. La falta de un marco legal efectivo ha limitado las investigaciones y esta economía criminal ha prosperado en sectores como bienes raíces, casinos, cambio de moneda, restaurantes y ventas de vehículos usados, según August van Gobbel, jefe encargado de delitos graves de la KPS.
El número de casinos en Surinam pasó de unos pocos a más de 30 en la década de 1990, en un país cuya población escasamente supera el millón de habitantes y con poco turismo.
En el pasado, se han dictado condenas por lavado de dinero contra importantes dueños de casinos.
Otro caso emblemático de presunto lavado de dinero tiene que ver con docenas de millones de euros enviados por el banco central de Surinam en efectivo como carga hacia Hong Kong por medio del aeropuerto de Ámsterdam, donde se depositó en varias cuentas y se retransfirió a los Países Bajos por medio de Alemania.
Uno de esos cargamentos de casi 20 millones de euros fue incautado por las autoridades neerlandesas en diciembre de 2019 por sospecha de lavado de dinero, pero tuvo que ser devuelto por la soberanía del banco central.
Santokhi podría tener cierto alivio temporal. La salida de barcos de contenedores en dirección a Europa, un método común para ocultar narcóticos, ha disminuido debido a una drástica reducción de la producción bananera.
El puerto de Paramaribo está implementando medidas de seguridad más estrictas y poquísimos vuelos salen del país por la pandemia del coronavirus.
3. Regulación de la minería y el tráfico de oro ilegal
El oro es el pilar de la economía de Surinam, pues representa más del 70 por ciento de las exportaciones.
Pero en el sector abunda la ilegalidad debido a los grupos criminales procedentes de Brasil que están establecidos en el interior y se benefician directamente de la minería, así como por las acciones de bandas criminales más pequeñas que extorsionan o expolian a los mineros.
Las fuerzas de seguridad del estado se han desplegado incluso para proteger concesiones legales particulares.
Aparte de dos grandes empresas mineras, la extracción se realiza mediante pequeñas excavaciones. Aunque la minería en sí es legal normalmente, se emplean muchas prácticas ilegales, como la importación generalizada de mercurio ilícito, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
El otorgamiento de concesiones mineras es poco transparente en muchos casos y muchas personas del círculo de Bouterse recibieron grandes concesiones por valor de millones de dólares.
El nuevo gobierno ha prometido una mejor regulación del sector minero a pequeña escala para reducir el daño ambiental y aumentar los ingresos tributarios. Hasta ahora, el problema persiste.
Esto se complicará aún más por el hecho de que Ronnie Brunswijk, el vicepresidente recién posesionado, es uno de los hombres más poderosos de la industria aurífera de Surinam.
Brunswijk también era dueño de al menos seis concesiones mineras antes de su elección como vicepresidente, aunque su titularidad ahora pasó a a una fundación.
Aunque no hay evidencia concluyente de que estas fueran conseguidas ilegalmente, el reportero holandés Jeroen Trommelen documentó en un libro sobre la industria del oro en Surinam cómo Brunswijk recibió un buen número de concesiones para la explotación aurífera, incluidas algunas en parques naturales, como favores políticos en el gobierno de Bouterse.
La Kaloti Suriname Mint House, que certifica el oro extraído en el país, también necesita reforma. Esta ha operado bajo la protección de Bouterse, quien tiene intereses financieros en la empresa, según un informe de IBI Consultants.
La Casa de Menta KSMH está implicada en varias actividades ilegales relacionadas con el oro, incluyendo la certificación de exportaciones de oro inexistentes y el blanqueo de oro procedente de Venezuela haciéndolo pasar por oro originado en Surinam, según sus hallazgos.
4. Reducción de la corrupción enquistada
El narcotráfico, el tráfico de oro ilegal y el lavado de dinero son facilitados por un sistema político donde la corrupción es generalizada.
En el acuerdo de su coalición, la nueva administración declaró que la “democracia y el buen gobierno han fallado” por causa de “la creciente corrupción […] y la falta de rendición de cuentas del gobierno”.
Organismos de seguridad claves están apenas equipados para combatir el crimen organizado.
La capacidad práctica de Surinam para aprehender y enjuiciar a narcotraficantes sigue inhibida por la corrupción asociada al narcotráfico, impedimentos burocráticos y la falta de recursos financieros y materiales, según el Informe sobre Estrategia para el Control de Narcóticos de 2019 realizado por el Departamento de Estado estadounidense. Surinam tuvo una Unidad de Inteligencia Antiterrorista (CTIU) que supervisaba los operativos antinarcóticos, pero fue cerrada en 2018, presuntamente por su excesivo éxito con una importante participación en el desmantelamiento del astillero de submarinos.
Hay grandes incentivos para la participación de funcionarios públicos en corrupción. Los empleos del sector público, en especial los de menor rango del espectro, por lo general son escasos para satisfacer el costo de vida. Varios agentes de aduanas, bajo condición de anonimato, declararon que apenas hay resistencia a los sobornos de las bandas narcotraficantes. Un exagente aduanero citado por el diario De Ware Tijd, afirmaba que la corrupción está tan institucionalizada en la organización que solo una medida extrema, como el despido masivo de todos los funcionarios de aduanas sanearía el departamento.
En los rangos superiores, muchos cargos de seguridad claves fueron ocupados por personas que demostraron su lealtad a Bouterse. En el mes de junio, Santokhi anunció que el gobierno saliente había tomado numerosas decisiones de último minuto para nombrar a partidarios en ministerios y empresas estatales.
Cualquier intento de depurar este sistema se verá entorpecido por el hecho de que la legislación anticorrupción, aprobada por la Asamblea Nacional en 2017, no se ha implementado. Y existen otros retos mayúsculos que facilitan la corrupción, como la falta de regulación respecto al financiamiento de los partidos.
Santokhi hizo de la implementación de esta ley anticorrupción una de sus promesas electorales, junto con la creación de una fuerza de tarea especial contra la corrupción dentro de la Fiscalía General.
Estos son pasos prometedores, pero erradicar una corrupción tan arraigada puede resultar el desafío más difícil para el nuevo presidente.
CP
