Hay miles de millones en juego y la promesa de más desarrollo y mejores servicios sociales.
Un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgado sobre la relación que existe entre la corrupción y los ingresos fiscales de los gobiernos revela que este flagelo tiene un impacto significativo en las cuentas públicas, incluso en el caso de los países con economías desarrolladas.
«Si comparas los países que son percibidos como menos corruptos con aquellos que son percibidos como más corruptos las diferencias en la proporción de ingresos como parte del Producto Interior Bruto (PIB) es de 4 puntos porcentuales.
Esa es una gran diferencia», dice Paolo Mauro, subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
«El ingreso fiscal promedio para América Latina es de 26,5% del PIB, por lo que un aumento de 4 puntos porcentuales es una cantidad muy grande. Imaginemos que todos los países mejoraran sustancialmente en el control de la corrupción. Eso significaría pasar de 26% a 30%, por lo que habría muchos más recursos para gastos productivos», agrega.
Para colocar ese dato de 4% en perspectiva puede ser conveniente destacar que en 2017, por ejemplo, todo el gasto en educación de Perú fue de 3,9% del PIB y que países como México y Brasil se ubican entre 5% y 6%, respectivamente.
Mauro afirma que esos recursos pueden significar muchas escuelas u hospitales públicos nuevos en cada país.
El estudio del FMI encontró que esta correlación entre la corrupción, medida a partir de los índices de percepción de la misma, y los ingresos fiscales calculados como parte del PIB, se produce tanto en los países de bajos ingresos como en las economías emergentes (grupo en el que se incluye a la mayor parte de los países latinoamericanos) e, incluso, en las naciones avanzadas.
Peligros
La investigación del FMI alerta sobre tres áreas en las que se presentan grandes oportunidades para la corrupción:
- La explotación de recursos naturales valiosos, dónde hay un gran margen de ganancia, por lo que los países que disponen de estas riquezas deben aplicar aún más medidas de control y transparencia.
- Los procesos de compras públicas, en particular, aquellas contrataciones que son muy grandes y complicadas como las que involucran armamento o la construcción de infraestructura, en las que es difícil fijar un precio.
- En las empresas públicas, sobre las cuales en ocasiones se aplican menores controles que los existentes sobre el gobierno central.
Pese a que esas tres áreas pueden retratar la realidad de muchos países de América Latina, Mauro asegura que el haber trabajado comparando muchos países -el estudio utilizó datos de más de un centenar- permite darse cuenta de que esas circunstancias y los problemas que se relacionan están presentes también en muchas otras partes del mundo.
De acuerdo con el experto, aunque hay ciertas medidas técnicas que -con un poco de «voluntad política»– los países pueden aplicar.
Consejos del FMI
Recomiendan, por ejemplo, dar transparencia a las cuentas fiscales y publicarlas todas.
En ese sentido, por ejemplo, el estudio destaca el caso de Brasil, donde los resultados de las auditorías municipales han demostrado tener un impacto significativo en las perspectivas de reelección de las autoridades, especialmente en aquellos lugares donde existen emisoras de radio locales.
Mauro insiste en la conveniencia de que esas auditorías sean tanto internas como externas y que cuenten con la participación de expertos independientes.
Un tercer consejo es aplicar prácticas modernas, aplicar la digitalización de los procesos.
«Hemos descubierto que los países que evitan las interacciones cara a cara entre los funcionarios de Hacienda y los contribuyentes, tienden a reducir la oportunidad para la corrupción. También ayuda contar con un sistema que opere rápidamente, sin retrasos, así eliminas el margen para que haya negociaciones», apunta Mauro.
El experto indica que las mejoras en la lucha contra la corrupción no ocurren de la noche a la mañana y suelen tomar muchos años de esfuerzos constantes, aunque destaca que en el estudio tomaron dos casos ejemplares: Georgia y Ruanda, en los que lograron aumentar la recaudación fiscal en 13 y 6 puntos porcentuales del PIB en unos pocos años.
¿Y cuál podría ser el impacto económico si en el mundo entero todos los países hicieran este esfuerzo?
Los autores del estudio también abordaron esta pregunta hipotética y para responderla se fijaron en los países que durante los últimos 20 años mejoraron su control sobre la corrupción e hicieron una proyección teórica sobre lo que ocurriría si todas las naciones del mundo lograran alcanzar el avance promedio que los primeros consiguieron.
El resultado: un ingreso adicional de US$1 billón alrededor del mundo, lo que equivale a casi el tamaño del PIB anual de México, que en 2017 sumó US$1.151 billones, según cifras del Banco Mundial.
CP
