Los ministros anticorrupción de las naciones que conforman el G20 destacaron la importancia de la cooperación internacional para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Durante la Primera Reunión de Ministros Anticorrupción del G20 se aprobaron “compromisos clave sobre integridad pública y empresarial; transparencia y rendición de cuentas; divulgación del beneficiario final, entre otros”, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Asimismo, los ministros presentaron un Compendio de Buenas Prácticas sobre Combate a la Corrupción en respuesta a la situación por el Covid-19, que ofrece una visión más amplia de los principales riesgos de corrupción que se han observado durante la pandemia e identifican las mejores prácticas anticorrupción adoptadas por cada uno de los países del G20 para mitigar cuestiones específicas como la recuperación económica.
En representación del gobierno de México, en la reunión participó la titular de la SFP, Irma Eréndira Saldoval Ballesteros, quien expuso que en el país se lucha contra el abuso de lo público con fines privados mediante el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
“El gobierno de México implementa políticas y estrategias intersectoriales dirigidas a reducir la corrupción y la impunidad, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Mérida”, señaló.
En la reunión, que se realizó de manera virtual desde Riad, Arabia Saudita, en conmemoración del décimo aniversario de la creación del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG, por sus siglas en inglés), la funcionaria mexicana aseveró que “nuestros países deben predicar con el ejemplo y evitar que los intereses particulares se antepongan a los nacionales”.
Sandoval Ballesteros apuntó que “durante los últimos meses (en México) fortalecimos la transparencia y promovimos políticas de datos abiertos, aumentamos la supervisión de los procesos de contratación pública para abordar la emergencia de salud, lanzamos nuevas plataformas para simplificar las denuncias de corrupción ciudadana y garantizar que el sector privado actúe con ética e integridad”.
Señaló que “la corrupción es una forma de dominación pública y desempoderamiento social. Es un problema institucional y político que requiere soluciones estructurales: empoderamiento de la ciudadanía, reducción de la impunidad y fortalecimiento de la democracia”.
Recordó que en el país “la corrupción estuvo fuertemente vinculada a la privatización y la desregulación. El llamado neoliberalismo no fue un proyecto económico sino político, que benefició a unos pocos en la cúspide gubernamental, al tiempo que cobraba un precio muy alto en la sociedad, aumentaba la desigualdad, la captura del Estado y la pobreza”.
Los ministros anticorrupción del G20 llamaron a contribuir a los objetivos y prioridades de los países del G20 en la elaboración y aplicación de respuestas anticorrupción a la pandemia, incluida una visión sobre las medidas más inmediatas que los países pueden adoptar de manera individual y colectivamente para mitigar los riesgos de corrupción emergentes.
En la reunión también participaron los titulares de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Interpol.
CP
