En Ecuador no solo faltan leyes contra la corrupción, donde legisladores del oficialismo y la oposición coinciden en que no faltan leyes sino voluntad de todas las autoridades para combatir la corrupción en el país.
La reacción se da frente al anuncio del presidente Lenín Moreno de enviar nuevas reformas penales para enfrentar este problema, algo que anunció el pasado miércoles 20 de mayo del 2020, en cadena nacional, espacio en el que se aprovechó para informar también sobre le cierre de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia.
«No es un tema ya de leyes, es un tema de acción y de ejecutar las cosas», sostuvo la expresidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas (AP).
Cabezas cuestionó que la Secretaría Anticorrupción «haya tenido más secretarios que casos resueltos» en un año y tres meses de funcionamiento. Guilllermo Celi, de Suma, y el independiente Héctor Muñoz recordaron que en la última reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya se incorporaron algunas herramientas como el comiso ampliado.
«Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si es que no se aplican no nos va a servir de nada, creo que aquí también es un tema de voluntad entre todas las autoridades para poder perseguir los delitos de corrupción con la fortaleza y seriedad que se lo tiene que hacer», dijo Muñoz.
La reforma permite la incautación y venta de bienes de personas que ayuden a esconder las propiedades de los sospechosos o que presten sus nombres a sabiendas de que las casas, vehículos y demás pertenencias son producto de actividades ilegales.
En el COIP se planteó incorporar la figura del comiso sin sentencia, pero esta fue declarada como inconstitucional por la Corte Constitucional.
Celi y Jeannine Cruz, de Creo, consideran que hay «incoherencias» y un «doble discurso» por parte del Gobierno, y recordaron que hace dos años el Ejecutivo vetó por completo una Ley Anticorrupción formulada por la Asamblea.
A propósito de la situación actual, el asambleísta de Suma cree que los delitos de corrupción en casos de pandemia deberán ser declarados como delitos de lesa humanidad para que no prescriban.
Entre los integrantes de la Comisión de Justicia se distribuyó esta mañana un proyecto de nueve artículos del presidente Moreno, que fue presentado el 5 de marzo pasado y apunta a reformar nuevamente el COIP.
El texto aborda delitos como la obstrucción a la justicia, oferta de realizar tráfico de influencias y actos de corrupción en el sector privado. En esa misma comisión se tramita una propuesta del exsecretario Anticorrupción, Iván Granda, para crear jueces y fiscales en esta materia.
El proyecto fue entregado en septiembre del 2019 y aún no cuenta con informe para primer debate, reconoció Muñoz. Cabezas, por su lado, señaló que otro de los pendientes es la Ley de Extinción de Dominio, que ella presentó hace más de un año.
Esta se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana, que debe entregar un informe para segundo debate. Cinco meses han pasado desde que las últimas reformas al COIP fueran publicadas en el Registro Oficial.
Allí se incorporaron algunas propuestas de la Ley para la protección al denunciante, que también presentó el Ejecutivo.
CP
