Escándalos de corrupción socavan el Estado de derecho en la región. La reciente ola de escándalos ha colocado a la corrupción entre las principales preocupaciones que enfrenta América Latina y el Caribe, en el contexto de una recesión económica regional y de incertidumbre global.
El Diálogo Interamericano contribuye al debate sobre las causas de la corrupción y las tendencias subyacentes, más allá del impulso actual contra la corrupción.
Durante los últimos años, distintos escándalos de corrupción han sacudido a los países de América Latina y el Caribe, revelando esquemas sofisticados y complejos que involucran tanto al sector privado como a los actores políticos, perjudicaron a los más vulnerables y derivaron en protestas masivas y arrestos de funcionarios de alto perfil.
Tales escándalos han enfrentado a líderes en el cargo contra oficinas de persecución del delito más independientes y robustas, así como contra amplios movimientos sociales.
Una serie de factores, como las tendencias sociales, los desafíos económicos y las transformaciones institucionales, han cambiado drásticamente las respuestas sociales a la corrupción en la región.
En este contexto, el estudio aborda dos cuestiones centrales. Primero, ¿está el estado de corrupción en la región mejorando o empeorando?
El estudio encuentra poca evidencia de un cambio radical respecto a los niveles de corrupción. La mayoría de indicadores de percepción o victimización de la corrupción han permanecido relativamente estables durante la última década y, en algunos casos, han mejorado.
Ciertamente, la prevalencia de la corrupción en la región mantiene niveles inaceptables, socavando la capacidad del Estado y del Estado de derecho en una región con una desigualdad persistente.
La corrupción crea una sensación de inequidad e injusticia que es particularmente corrosiva en sociedades desiguales.
Si bien los escándalos de corrupción a gran escala son particularmente visibles, la pequeña corrupción burocrática afecta la vida cotidiana de la gente común y reduce las oportunidades para los ciudadanos más pobres.
En segundo lugar, ¿qué explica la oleada de persecuciones contra la corrupción? Los autores acertadamente destacan cuatro rasgos que distinguen los casos de corrupción recientes: exposición, publicidad, humillación y criminalización. Lo que parece ser novedoso es, precisamente, una sólida humillación y persecución de casos de corrupción, que conduce incluso a la destitución de presidentes en el ejercicio.
Los autores revelan, de manera convincente, algunas de las fuerzas en juego que, de forma estructural y subyacente, se encuentran detrás de los escándalos.
De hecho, en las últimas tres décadas se han introducido una gran cantidad y variedad de instrumentos legales para prevenir y castigar la corrupción; otorgando así más poderes a las instituciones fiscales y de supervisión, por un lado, y aumentando la transparencia a través de más acceso a la información y reformas de gobierno abierto.
Asimismo, existen desigualdades de larga data y percepciones acumuladas de injusticia por parte de la mayoría de la población, además de haber menos tolerancia a los privilegios de unos pocos, especialmente en un contexto de recesión económica que pone en riesgo a una gran parte de la nueva clase media.
Al mismo tiempo, el auge de la era digital y el aumento de la conectividad de las sociedades entre los jóvenes en particular, están cambiando los patrones de intercambio de información y de movilización social, reduciendo asimetrías de información y costos de reacción e incidencia. Los autores tienen razón en mostrarse optimistas. La notable explosión de los escándalos de corrupción podría no ser un reflejo del aumento de la corrupción, sino exactamente lo contrario: el comienzo de su fin.
Como señaló The Economist (4 de junio de 2019): «Es una paradoja común: el mundo a menudo se da cuenta de la corrupción cuando alguien está haciendo algo al respecto. Eso lleva a la gente a concluir que las cosas empeoran cuando de hecho están mejorando».
Lo anterior puede ser el caso en varios países latinoamericanos: las reformas legales e institucionales han allanado el camino para que existan oficinas de persecución de delitos más eficaces, mientras que el aumento de transparencia y conectividad ha facilitado la supervisión y la protesta ciudadana.
CP
