Gabriel Alfredo Rubí, exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en tiempos de la pandemia del COVID-19, es conocido en El Progreso, Yoro, con el apodo de “el Italiano”, porque creció en el barrio Palermo y cuando uno de sus maestros de colegio le cuestionaba sus llegadas tarde, respondía burlonamente que venía desde Palermo, Italia.
Sus compañeros comentaban entre risas, que seguro le gustaba sentirse como un gánster, y lo compararan con Gabriel Capone “Al Capone”, reconocido mafioso estadounidense hijo de migrantes italianos. Quizás intuían los pasos que daría años después en esa dirección.
Para el país, Gabriel Rubí es sinónimo de corrupción. Se le recuerda porque sendos informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), le señalan como responsable de malversar más de 35 millones de lempiras, al autorizar la compra de insumos y equipo destinados para atender la emergencia del Covid-19, a precios sobrevalorados, en menos de dos meses.
En el primer gobierno de Juan Orlando Hernández (2014- 2018), desempeñó el cargo gobernador político del departamento de Yoro, con sede en Yoro, la cabecera departamental, donde hizo amistad con la conocida y poderosa familia Urbina Soto.
En ese municipio es ampliamente conocida su amistad, con el exalcalde Arnaldo Urbina Soto, quien hoy guarda prisión por el delito de lavado de activos y está solicitado en extradición con otro de sus hermanos, por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Como gobernador, Gabriel Rubí asumió también la coordinación del programa Vida Mejor, desde donde catapultó su candidatura a diputado por el Partido Nacional, en las fraudulentas elecciones del 2017.
Son conocidas sus visitas a ciudades importantes del norte del país para promover la instalación de casetas de peaje a cambio de la construcción de puentes, junto a Marco Bográn, en ese entonces, director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H). Propuesta rechazada por las comunidades por considerada un golpe económico del gobierno nacionalista.
Gabriel Rubí llamó la atención de los medios de comunicación nacional, cuando denunció la forma en que se elige a los directivos de Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), no por querer combatir la corrupción que hay allí dentro sino porque pretendía ser su presidente y el Consejo Electoral no inscribió su candidatura.
Calmaron su enojo nombrándolo ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), unos meses después. Y allá fue a corromper el uso de los caudales públicos en un asunto tan importante como la salud de la población en tiempos de pandemia.
Administrar con amigos
Gabriel Rubí inundó COPECO con sus ex compañeros de colegio y amigos más cercanos, entre ellos Cristian Elías Santellí, a quien nombró director administrativo y Gilberto Estévez, como jefe de compras de la institución. El nombramiento de Santellí fue cuestionado de inmediato por diversos sectores, por su conocida participación en el mega fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde desempeñó un cargo muy cercano a su exdirector Mario Zelaya, preso por delitos de corrupción.
No habían pasado ni dos meses de iniciada la emergencia por Covid-19 en Honduras, cuando se conoció a través del portal web de la Secretaria de Finanzas, la primera compra irregular hecha por Rubí y sus amigos. La información oficial reveló, por ejemplo, que COPECO adquirió miles de mascarillas N95 por un precio unitario de 190 lempiras cuando costo en el mercado que no superaba los 45.
Por esos días, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), advirtió que, si no se tomaban rigurosas medias de control con ocasión de la emergencia, habría una corrupción récord en la historia hondureña.
Y denunció compras irregulares de COPECO para equipar las salas de atención, como la adquisición de diez televisores de 32 pulgadas, siete de 39 pulgadas, cafeteras y mesas plásticas que rondaban los cinco a seis mil lempiras cada una, mientras la emergencia demandaba otro tipo de insumos.
Radio Progreso tuvo acceso al primer documento de liquidación de fondos de emergencia de COPECO, en el que se detallan las adquisiciones y entregas realizadas a nivel nacional.
El informe desveló que durante la gestión de Gabriel Rubí se entregó material de bioseguridad al Hospital Militar de Honduras, una institución que, según el general Tito Livio Moreno Coello, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se sostiene con las aportaciones de los afiliados al Instituto de Previsión Militar.
La liquidación también consigna que se benefició a empresas privadas con las mascarillas y alcohol en gel comprado con dinero público, mientras el Colegio Médico de Honduras y la Asociación Nacional de Enfermeras clamaban por equipo de bioseguridad. Las empresas favorecidas por COPECO fueron el Laboratorio Finlay, Grupo Quimifar, Grupo MacDel, Agencia La Mundial y Canal 6.
Errores administrativos y órganos contralores que no controlan Rubí dijo que se trataba de un error administrativo en el registro documental. Al parecer ese tipo de errores era repetitivo en la COPECO, porque en uno de sus primeros informes en tiempo de pandemia el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que bajo su administración se adquirió un hospital móvil (carpa), valorado en casi 6 millones de lempiras.
CP
