Imputan a intendente argentino por corrupción

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El intendente Gustavo Solís, luego de concurrir a la audiencia de imputación por supuesta corrupción, manifestó que «existe una mala intención mediática en la acusación planteada por Mariano San Millán desde el Colegio de Auditores» y que se trata «de un acto de persecución política orquestado desde el poder».

Solís habló con la prensa luego de la audiencia de imputación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho.

“El que maneja estas cosas es el poder y esto se constituye en un contexto donde soy un dirigente que milita en un espacio que es oposición al oficialismo. Parece que mediante el amedrentamiento y la persecución se pretende adoctrinar a aquellos que pensamos distinto”, indicó en diálogo con FM Aries.

Planteó que la apertura del proceso de investigación es también «una oportunidad para demostrar que en Rosario de la Frontera se han hecho las cosas de muy buena manera. Estoy tranquilo y espero que de una vez por todas se deje atrás esta persecución política que viene desde hace un tiempo”, denunció.

El intendente entiende que se trata de una persecución al analizar el proceder del auditor, refieiendose a San Millán, por no haber cumplido con los preceptos de la Resolución 61/2001 ya que no fue imparcial, ni se ha mantenido con independencia de criterio respecto al objeto de la auditoría.

Cuestionó que el informe de auditoría de 2019 se aprobó pero después de dos años y medio encontró “supuestas irregularidades”. En referencia a San Millán indicó que «fue designado políticamente y es un instrumento de la política».

Detalles de la audiencia de imputación

En una actuación conjunta, los fiscales Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke imputaron al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude y cohecho.

La acusación se originó de una noticia criminis del 26 de febrero pasado, de la que surgió la falsificación de facturas en el mencionado municipio.

Al referirse al delito de incumplimiento de los deberes, los fiscales sostuvieron que “se tiene acreditado que el imputado, titular ejecutivo del Municipio de Rosario de la Frontera, desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación con Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación”.

Se estableció que  Corimayo presentaba sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales.

Por ello, la conducta desplegada en relación a la contratación con Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público, no debiéndose emitir cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso.

Además, se tiene acreditado que el imputado aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.

En relación al fraude a la administración pública, se tiene que Solís Mónico emitió en 2017 una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal.

Al acusado también se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa de marras.

En la audiencia de imputación, Solís Mónico prestó declaración, aunque no llegó a explicar todo, por lo que adelantó que ampliará su descargo por escrito.

CP

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