Hace unos días y por mor del enésimo caso de corrupción («Kitchen») la plana mayor del Partido Popular (PP) durante los mandatos de J.M. Aznar (1996-2004) y M. Rajoy (2011-2018) tuvo que desfilar delante de los juzgados para declarar.
Todo parece indicar, por las referencias que existen, que este solo será uno más entre un importante número de juicios que por distintos casos de corrupción (Gurtel, Taula, Arganda, Punica, Lezo, Villarejo…) tendrá que atender de inmediato el Partido Popular (PP).
El daño moral que este partido (PP), con sus incontables casos de corrupción, le está causando a la democracia española es inconmensurable. Un daño moral al que hay que sumar el daño político. Empecemos por este último.
Desde que tenemos democracia, España contó con siete presidentes de Gobierno (Suarez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez). De estos siete solo dos (Aznar y Rajoy) fueron citados por la justicia para responder ante casos de corrupción que afectan a su partido y que tuvieron lugar durante sus mandatos como presidentes de Gobierno: estamos, por tanto, ante un comportamiento que se circunscribe a un mismo partido, el Partido Popular (PP).
Unos problemas judiciales que alcanzan a un incontable número de dirigentes políticos que ocuparon cargos relevantes que van desde vicepresidencias de Gobierno hasta alcaldías, pasando por ministerios y presidencias de diputaciones. Problemas judiciales que en no pocos casos finalizan en condenas firmes (con acusaciones de delitos contra la Hacienda Pública por corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal). Problemas judiciales en los que aparece como claro referente el Partido Popular (PP) quien además de los casos ya habidos tiene pendientes, como señalaba, otros muchos. Con estos antecedentes, ¿qué se puede esperar del Partido Popular (PP) cuando gobierna?
Porque con estos antecedentes no se puede negar la evidencia de que estamos delante de una estrategia colectiva que tiene como objetivo el enriquecimiento individual en base al uso fraudulento de fondos públicos aprovechándose para ello del poder político. Un comportamiento delictivo que además del tratamiento judicial individual debería exigir, por parte del poder judicial español, una responsabilidad colectiva. He ahí que, como apuntaba en su día el profesor Pérez Royo, aparezca como necesaria la intervención de la Fiscalía General que debería abrir una investigación por si, según el Código penal español, el PP es una organización ilícita.
Unas evidencias que tiran por tierra los argumentos, por caso, del Presidente de la Xunta de Galicia, señor Núñez Feijóo, de que el PP de Galicia no tiene nada que ver con los casos de corrupción que se van destapando. Argumentos que carecen de cualquier credibilidad cuando los hechos demuestran tanto la existencia en su día de una contabilidad paralela en este partido (donaciones inscritas en negro para campañas electorales con el propio señor Feijóo al frente) como de casos individuales de corrupción que apuntan a exdirigentes (por caso, Pablo Crespo que fue secretario de Organización entre los años 1995 y 2003).
Argumentos que se desmoronan porque estamos ante evidencias abrumadoras que apuntan a una responsabilidad política colectiva que afecta a todo el Partido Popular (PP). Pongamos, por caso, que la justicia ante las evidencias decide finalmente ilegalizar al Partido Popular, ¿no afectaría esta decisión al Partido Popular de Galicia?
Si el daño político causado por este partido es muy grande no es menor el daño moral. Este tipo de comportamientos corruptos pueden fundir a un país en una honda crisis moral. Son comportamientos que se producen al tiempo que se aplican duras políticas de austeridad que castigan especialmente las clases populares y que confirman la distancia entre muchas de las élites y la ciudadanía. Comportamientos que ponen en evidencia la relación que aquellas mantienen entre cargo público y beneficio privado y que favorecen el auge de los partidos de extrema derecha como, por caso, sucede en España con VOX. Conductas que hacen pensar en la corrupción como un problema sistémico del capitalismo actual.
Como bien repite Ignacio Ramonet «ningún dirigente político debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio de poder… el Gobierno se corrompe por la corrupción y cuando hay corrupción la corrompida es la democracia».
CP
