Pese a que la ciudadanía reclama mayor transparencia y más acciones para evitar la corrupción en la administración pública, por ahora estos temas no figuran en los proyectos que presentará el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.
De hecho, para dirigentes de la sociedad civil el combate a la corrupción fue uno de los grandes ausentes en el informe que dio a la nación el presidente Laurentino Nito Cortizo el pasado 2 de enero.
Ese día, el mandatario anunció que presentará cuatro iniciativas legislativas: un proyecto para equiparar la Zona Libre de Colón con el área económica especial Panamá-Pacífico; otro que busca crear el Instituto de Planificación para el Desarrollo; y un tercero que intenta darle vida al Instituto de Meteorología e Hidrología. También anunció que presentará un proyecto de ley para la extinción de dominio. Una propuesta similar reposa en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, pero no ha sido discutida.
Desde que Cortizo llegó a la silla presidencial en julio de 2019, los temas para respaldar la transparencia, evitar el conflicto de interés y la corrupción no han sido prioridad del Estado, pese a que varios ministerios e instituciones han sido señaladas por presuntas irregularidades en las compras hechas en medio de la pandemia.
Para Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, que el Ejecutivo ignore los temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la transparencia afecta la institucionalidad en medio de un escenario marcado por la crisis de la Covid-19.
Por su lado, el abogado y exdirector de la Dirección de Carrera Administrativa David Montenegro aseguró que hay un acuerdo entre la Presidencia de la República y la directiva de Asamblea Nacional, liderada por el diputado perredista Marcos Castillero, para evitar la presentación o aprobación de proyectos para combatir la corrupción.
Según Montenegro, la aprobación de estas normas “afectaría” los “múltiples negociados que se han dado en perjuicio de la salud y la vida de todos los panameños”.
“Estamos ante un asalto atroz a los fondos públicos y un deterioro de la poca institucionalidad democrática que nos queda”, afirmó.
El Ejecutivo impulsó cambios a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, que el Legislativo aprobó el año pasado, pero a juicio de conocedores del tema dichas modificaciones no fomentan la transparencia en el manejo de la cosa pública.
CP
