Juez Málaga dio inicio a la lectura de resolución sobre pedido de prisión preventiva de 36 meses para el gobernador de Arequipa, funcionarios y consejeros. Magistrado dejó sentado que existiría una organización criminal que cometió diversos delitos en la gestión regional. Cáceres negó todo.
“Los Hijos del Cóndor” conformaron una presunta organización criminal al interior del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el gobernador Elmer Cáceres Llica era el líder.
Esta conclusión es parte del dictamen que el juez de investigación preparatoria para casos de corrupción, José Málaga Pérez, dejó sentada durante la lectura de la resolución del pedido de prisión preventiva contra la autoridad regional, funcionarios y consejeros regionales que inició ayer.
El magistrado, también, avaló la tesis de la fiscalía que adicionalmente, imputa a la red criminal el delito de cohecho pasivo (entrega y recepción de coimas). Málaga, durante la audiencia advirtió la existencia de otros delitos contra la administración pública. Hoy, el juez debe concluir con el dictamen, que podría disponer el internamiento en el penal por tres años de Cáceres Llica.
Todos los pasos y las acciones ilícitas cometidas por la organización fueron grabadas por la agente especial Samanta Miranda Tijeros. Los audios reúnen conversaciones comprometedoras de Cáceres, sus funcionarios y la consejera Chriss Díaz.}
Negó todo
La lectura de la resolución estuvo precedida con la “última palabra” concedida por el juez a los imputados. Cáceres, quien lucía impaciente y por momentos parecía rezar, fue el primero en hacer sus descargos.
La autoridad regional negó las acusaciones en su contra. Dijo que su gran error fue no denunciar a la consejera Chriss Díaz, a quien acusó de “chantajearlo”. Para el gobernador la acusación en su contra tienen tintes políticos. Deslizó que Alfredo Zegarra, ex líder de Arequipa Renace, agrupación por la que fue electa Díaz, estaría tras las denuncias en su contra.
“Nunca he creado una organización criminal ni favorecido a ningún consejero (…) la consejera Chriss Díaz constantemente me llamaba me pedía obras, departamentos y una serie de gollerías, las que nunca le otorgué”, señaló.
Cáceres argumentó que los políticos hacen promesas políticas que no pueden cumplir.
Cáceres reconoció que en “consulta” con los consejeros sí colocaba personal de confianza en obras de provincias. “Jamás he querido robar a mi pueblo, jamás formé una organización criminal… Este es un tema político”, se quiere criminalizar la política, señaló.
El magistrado, durante la lectura de la resolución hizo hincapié a no confundir la organización política con la criminal. “El funcionario público no puede recibir nada, eso es corrupción (…) no podemos seguir creyendo en el concepto roba pero hace obras”, señaló.
A su turno, el consejero Veto Bernal, acusado de ser el hombre clave al interior del Consejo Regional negó haber negociado los votos con los cuales ganó la presidencia del CRA en el 2019.
Reveló que postuló como una especie de revancha porque la consejera Kimmerly Gutiérrez y José Luis Hancco concertaron para que este último ganara la elección ese año. También increpó a la fiscalía porqué no incluyó en el caso a sus pares, Harberth Zúñiga y Edy Medina, parte del grupo oficialista en 2019.
El gerente general, Gregorio Palma señaló que todo lo actuado “se hizo en el marco de la legalidad”, mientras que el ex gerente de Autodema, Marcelo Córdova pidió que la consejera Díaz sea llevada a un psicólogo.
CP
