El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano, periodista de El Espectador, fue asesinado por sicarios del cártel de Medellín. Su auto fue interceptado por motorizados, quienes lo mataron a tiros. Guillermo cuestionaba duramente a los narcotraficantes y sus formas de enriquecimiento injustificado.
El 16 de octubre del 2017, Daphne Caruana Galizia fue asesinada. Colocaron una bomba en su carro cuando investigaba el uso de sociedades offshore para ocultar el dinero del primer ministro de Malta.
El 15 de mayo del 2017, después que los hijos del Chapo Guzmán amenazaron a Javier Valdés Cárdenas, su cuerpo fue encontrado lleno de balas tirado en el centro de Culiacán, México. Sabía que publicar su investigación lo ponía en peligro pero pudo más el sentido del deber que el miedo.
Son apenas unos pocos casos de los miles de periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. El periodisno investigativo es una profesión peligrosa, especialmente en paises con sistemas de justicia débiles y corruptos, donde la impunidad empodera a los maleantes, quienes están dispuestos a lo que sea, con tal de mantener su dinero, poder y libertad.
En Panamá estamos viendo graves señales que amenazan la seguridad de la profesión. Desde presidentes y diputados que insultan y difaman periodistas desde la impunidad de sus curules, hasta el uso del sistema judicial para amedrentar, pasando por el uso de dineros del Estado en ‘publicidad’, repartida de acuerdo a la afinidad con el gobierno.
El miércoles pasado en un programa de Next TV, dos abogados y un comunicador emitieron graves amenazas contra los periodistas de Foco. Estas amenazas, que fueron duramente repudiadas por los principales gremios periodísticos, no pueden pasar inadvertidas. Son un paso más en la escalera de violencia contra el ejercicio del periodismo que busca esconder los graves delitos que la justicia no logra condenar.
No es un caso aislado, ha sido parte de una estrategia concebida desde el poder de quienes se resisten a enfrentar las consecuencias de sus acciones y no se detendrán hasta que la justicia se imponga.
Le toca al Ministerio Público investigar y determinar si estas amenazas, proferidas desde un medio de comunicación, constituyen delito. No podemos esperar a que la situación siga escalando y seamos testigos silentes de los escenarios dantescos que viven paises como Colombia, Malta y México, al que atinadamente se refirió la cobarde amenaza de un mandadero del hoy ‘innombrable’.
El periodismo investigativo es indispensable en democracia, especialmente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Tres actividades que conviven de manera simbiótica y que representan una constante amenaza a la seguridad de todos.
CP
