La noche del pasado miércoles el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaratoria del caso complejo como de medida de coerción, en contra de los imputados de la denominada Operación Medusa.
¿Basado en qué hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) esta petición? La respuesta a esta pregunta está en el documento de solicitud de medida de coerción firmado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, que establece tres puntos principales para este fin.
El primero estipulado por Camacho es la “existencia de pluralidad de hechos”, indicando que debido a la naturaleza de la supuesta red de corrupción a la que se enfrentan eran múltiples las maneras de delinquir.
Entre los crímenes presuntamente cometidos fueron citados de manera específica estafa contra el Estado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, aunque resaltaron que no se limitaron solamente a estos delitos.
A este le siguió el hecho de que existen varios implicados, destacando que el Ministerio Público tiene identificadas a varias personas, tanto físicas como jurídicas, y el documento contiene la salvedad de que se podrían sumar aún más al expediente.
Finalmente Camacho afirmó que este es un caso de delincuencia organizada, ya que cumplen con las características de este flagelo: un grupo de individuos asociados para conseguir ciertos objetivos; que desempeñe una variedad de funciones diferenciadas; que operan de forma coordinada y actúan continuamente en el tiempo.
“Es indiscutible que el presente caso tiene todas las características de un caso de crimen organizado, ya que se trata de una investigación por la comisión de diversos delitos, materializado a través de un entramado criminal, dirigido a cometer actos de corrupción y lavado de activos”, leía parte de la solicitud.
¿Cuándo se declara un caso complejo?
De acuerdo con el jurista Félix Nova Hiciano, la declaración de un caso complejo se efectúa cuando la dificultad del proceso de investigación para los fiscales, sin importar la naturaleza del hecho en cuestión.
“En la justicia dominicana eso no se deriva de la magnitud del hecho que se juzga, sino del grado de dificultad para llevar a cabo la investigación, de acuerdo con la modalidad criminal”, explicó Nova Hiciano al Listín Diario.
Asimismo, esto sucede cuando el juez califique que se cumplen con los requisitos anteriormente expuestos.
Prisión preventiva
Los fiscales solicitaron prisión preventiva para el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; Miguel José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la PGR y quien admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron.
Rafael Antonio Mercedes Marte, fue encargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, fungió como director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
El argumento presentado para esta medida fue el de que si este grupo es dejado en libertad intentarían obstaculizar la investigación del ministerio público mediante la destrucción, modificación u ocultamiento de pruebas.
Un involucrado en este caso a quien las autoridades buscan es a Rafael Canó (prófugo), exdirector de Gabinete de la PGR, y sobre quien pesan varias acusaciones hechas por el MP.
CP
