Por qué en gobiernos de izquierda se guarda silencio sobre la corrupción militar como una equivocación presidencial del empoderamiento militar en el ámbito civil.
Con el apogeo de la corrupción como intercambio social, los costos impuestos a la colectividad son morales por el malestar generalizado producto de la apatía para combatirla, son políticos por el cuestionamiento a los hechos ilícitos, son económicos por el despilfarro de los recursos públicos y finalmente sociales por la clara desigualdad en el tratamiento de los actores
La corrupción impone costos a sus víctimas, sin embargo las equívocas reacciones ante la información sobre cualquier escándalo plantea un problema para combatirla.
La promesa del presidente para encarar el flagelo deriva ya en consecuencias graves para una buena gestión gubernamental; la corrupción y el desarrollo de un país son pautas que van unidas en proporción.
El deterioro que causa en el sistema democrático y en la cultura de la legalidad daña la imagen del Estado y sus instituciones en el ámbito nacional e internacional.
Por eso no sorprende que en plena debacle de la crisis sanitaria por el errático manejo de la pandemia covid19, desde Palacio Nacional se haya puesto el pie en el acelerador para exhibir los excesos alrededor de Odebrecht y la Reforma Energética e ir pavimentando una ruta que beneficie a Morena en el proceso electoral del año próximo.
Los resultados darán fuerza o no a la estrategia desplegada que ha expuesto más bien un juicio con tintes políticos-mediáticos que la búsqueda de la justicia a secas.
Emilio Lozoya no es una víctima sino orquestador de una red de vínculos que involucró a su familia y tratarlo con deferencia y privilegios por la información que dispone derrumba el discurso del “no somos iguales” y lo coloca en la báscula de la impunidad donde los delitos cometidos no serán sancionados por una u otra causa.
Y así el Ejecutivo de México ante el desastre de 20 meses de gobierno en áreas estratégicas —economía, salud y seguridad— opta por la narrativa mañanera de corruptelas neoliberales justificando medidas que tendrán consecuencias irreversibles por los procesos en los que se observan transformaciones radicales.
Una de ellas, se ha puntualizado en este espacio, sucede en la relación civil-militar donde está evidenciando una seria alteración de relaciones de poder y cambios institucionales significativos anteponiendo la argumentación de que el plumaje de las instituciones armadas está exento de tentaciones materiales y por ende se acredita la invasión en tareas de competencia civil. Cuidado.
En el demencial relato pretende convencerse de que sin los militares la cuatroté fracasará en la lucha contra la corrupción cuando en el fondo la intención es hacer economías de escala en ámbitos donde estén involucrados.
El experimento coyuntural requiere una contextualización asociada al posicionamiento de nuestras fuerzas armadas donde al interior no hay consenso sino malestar por la forzada ruta que plantea la interrogante sobre la acomodación castrense a un contexto de autonomía-subordinación.
Las relaciones entre los actores políticos de este gobierno y las fuerzas armadas se verán marcadas por su participación en el conflicto velado al interior del Estado por las encomiendas presidenciales y el rol de sumisión ante la delincuencia organizada que afecta sustantivamente las relaciones de poder.
Habrá consecuencias en el mediano plazo por la equivocación presidencial del empoderamiento militar en el ámbito civil. La duda es ¿por qué en este gobierno de izquierda se guarda un silencio cómplice?
CP
