Una serie de capturas recientes que conectan a funcionarios judiciales con organizaciones narcotraficantes en Costa Rica han generado el temor de que se esté extendiendo la corrupción institucional para facilitar el tráfico, en medio de un récord de flujos de cocaína por el país.
El 15 de diciembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica anunció la detención de 16 personas por presunta participación en una organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de dineros internacionales. El Ministerio Público confirmó que un juez y un integrante de la policía nacional costarricense se contaban entre los detenidos en el operativo.
Un mes antes, el OIJ anunció la apertura de una investigación a un juez y un técnico judicial que trabajaban en la ciudad de Golfito, Puntarenas, por presunta colaboración con bandas narcotraficantes a cambio de dinero. Según los investigadores, el juez en cuestión había sido acusado de ayudar a los narcos a evitar su aprehensión. Ambos funcionarios eran sospechosos de alertar a los actores criminales de próximos operativos locales antinarcóticos.
En el informe de actividad anual de 2020, de la rama judicial, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, admitió no estar sorprendido de que la delincuencia organizada quisiera penetrar las instituciones judiciales en Costa Rica para tener información privilegiada, según el Diario Extra.
El presidente confirmó que hace tres años, el país se embarcó en un plan anticorrupción “muy ambicioso”, para confrontar a funcionarios que no desempeñaran su deber con integridad.
Pero añadió que el país debe reforzar su estrategia para combatir esa corrupción de cara al 2021.
Si bien Costa Rica aún posee un envidiable historial judicial en comparación con sus vecinos centroamericanos, estos casos recientes muestran que el país sigue siendo vulnerable al incremento de la corrupción, en medio del deterioro de otros factores relacionados con el crimen organizado.
Por años Costa Rica ha llevado registro de casos ocasionales de corrupción judicial en su territorio. Un escándalo en 2014, cuando un juez presuntamente absolvió a varios miembros de una organización narcotraficante desató críticas contra la rama judicial del país.
En muchos casos, la alta organización de los grupos de narcotráfico implica cierto grado de complicidad institucional en diferentes frentes. Para facilitar el accionar de esos grupos se ha sabido que miembros de la policía protegen cargamentos de cocaína e incluso manejan sus propias redes ilícitas, mientras que se han conocido actos corruptos de jueces en los tribunales para garantizar sentencias blandas a los capturados.
VEA TAMBIÉN: El tsunami de cocaína que amenaza a Costa Rica
Pero los escándalos que implican a funcionarios judiciales podrían generalizarse en un momento en que Costa Rica se convierte en un destino cada vez más popular para las redes del crimen organizado que trasiegan narcóticos hacia el norte.
El país asiste a un volumen récord de cargamentos de cocaína y marihuana en tránsito por su territorio, motivado por el boom de la producción en Suramérica. En febrero, InSight Crime informó que Costa Rica realizó el mayor decomiso de cocaína de su historia. El incremento de casos de corrupción judicial pueden ser un efecto predecible de esa dinámica.
El informe más reciente sobre Control y estrategia internacionales contra narcóticos, del Departamento de Estado estadounidense, alertó que “la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales y el incremento de la corrupción en todos los servicios de seguridad es una preocupación mayor” para Costa Rica.
Agregó que generalmente el gobierno costarricense había aplicado una ley de 2006 que penalizaba la corrupción en el gobierno y que su rama judicial se encuentra inmersa en un proceso de fortalecimiento a tres años de sus controles éticos en el poder judicial.
Sin embargo, el informe también aseguró que es conocida la frecuencia de los casos de corrupción a bajo y mediano nivel en el país. Y ya se habían observado hechos periódicos en niveles superiores.
Un informe de 2020 del Programa Estado de la Nación, que evaluaba el estado de la justicia en Costa Rica, confirmó que solo una de cada diez denuncias de corrupción llegó a juicio en 2017, lo que plantea mayor inquietud sobre la impunidad en esos casos, en especial con la actual relevancia del país como punto de tránsito de narcóticos.
Pese a eso, el país sigue opacando el desempeño de sus homólogos centroamericanos con un envidiable historial judicial.
En Guatemala, varios delincuentes han ejercido influencia directa o han buscado influir en las designaciones para las altas cortes. En julio, InSight Crime informó cómo los cargos criminales contra diputados y operadores políticos guatemaltecos habían ido minando las altas cortes del país, lo que llevó a un senador estadounidense a alertar sobre una crisis constitucional y las repercusiones de esta para la ayuda estadounidense. Apenas unos meses antes, se reveló que una maquinaria familiar que involucraba a grupos criminales había estado intentando influir en importantes nombramientos judiciales a dos altas cortes.
Por otro lado, en mayo de 2020, se conoció que el nuevo código penal de Honduras permitiría que la impunidad prosperara en el país mediante la reducción de penas por casos de corrupción y narcotráfico. En 2016, InSight Crime señaló cómo un informe divulgado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sugería que el sistema judicial del país facilitaba directamente la corrupción.
Hasta el momento, las instituciones judiciales en Costa Rica han evitado situaciones de tal magnitud. Los esfuerzos nacionales y la colaboración con funcionarios estadounidenses hicieron posible la redacción de un nuevo código de ética judicial, la creación de una división especializada contra la corrupción dentro de la policía judicial y una oficina de rendición de cuentas para el poder judicial.
CP
