Muchos funcionarios públicos acusados de haber incurrido en ilícitos en sus países de origen eligen emigrar a Miami, por ser este lugar ideal para mantenerse fuera del radar de las autoridades.
En Colombia, él era un gobernador provincial a quien seguía una estela de alegaciones de corrupción desde que dejara su cargo, y se ha encontrado bajo la sombra del misterioso asesinato de un compatriota.
Ahora, él podría ser el ejemplo más reciente de una larga tradición del sur de la Florida: funcionarios buscados por cargos de supuestamente haber saqueado sus países de origen que escogen emigrar a este lugar, fuera del alcance de sus autoridades.
El clima del sur de la Florida y sus condominios con vista al mar la hacen un lugar preferido de los ex líderes que en sus países se encuentran bajo el microscopio de las investigaciones. Un reportaje investigativo publicado por el Miami Herald y ProPublica en diciembre enumeró algunos de los ejemplos. Justo la semana pasada, el ex presidente de Panamá fue arrestado cerca de su residencia por valor de $8.2 millones en Coral Gables.
“Esta es una práctica extremadamente común”, dijo José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro Kimberly Green de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, refiriéndose a la fuga a la Florida de políticos poderosos de otros países. “La Florida tiene una larga historia con respecto a casos de funcionarios corruptos que vinieron a Estados Unidos no sólo para evadir cargos en sus propios países, sino además, básicamente, a retirarse con el dinero sucio que hicieron durante sus mandatos”.
Alejandro Lyons Muskus, el ex gobernador colombiano, enfrenta 20 cuentas diferentes de cargos relacionados con la corrupción por lo que fiscales creen fue un sistema de malversación relacionado con las regalías, pagos hechos por el derecho a extraer recursos naturales. El mismo se llevó a cabo mientras Lyons gobernaba el departamento de Córdoba en la costa caribeña de Colombia entre el 2012 y el 2015, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía general de Colombia.
Andrés Felipe Arias Leiva, el ex ministro de Agricultura de Colombia que encara posible extradición por presunta corrupción, dijo que el caso es de orden político porque se opuso a la estrategia del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de pactar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– cosa que teme lleve al país sudamericano al comunismo y lo transforme en una nueva Cuba o Venezuela.
En un morboso giro de los hechos, investigadores están asimismo tratando de determinar si Lyons tuvo conexión alguna con el asesinato de Jairo Zapa, de acuerdo con reportajes de la prensa confirmados por el Herald. Zapa supervisaba la oficina de regalías de Córdoba hasta que este desapareció en el 2014. Su cadáver fue encontrado más tarde con señales de estrangulamiento cerca de una finca propiedad del padre de Lyons, de acuerdo con un abogado que representa a la familia de Zapa y a reportajes de la prensa colombiana.
El ex gobernador todavía no ha sido encausado oficialmente por corrupción, puesto que no se ha presentado a sus audiencias judiciales.
Lyons pospuso una audiencia fijada para el 11 de mayo, y ha cambiado dos veces la fecha a sus comparecencias subsiguientes ante los tribunales. En la audiencia de fecha más reciente, el 1 de junio, el abogado de Lyons dijo que el ex gobernador no podría asistir porque estaba acompañando a su esposa embarazada mientras ella recibía tratamiento en Estados Unidos.
El abogado dijo a los medios de prensa de Colombia que Lyons regresará a Colombia y se presentará ante los tribunales tan pronto mejore la salud de su esposa.
Pero existen especulaciones en Colombia de que Lyons podría ser el más reciente en una larga lista de ex funcionarios extranjeros sospechosos de corrupción en huir a Estados Unidos para evitar ser procesado legalmente, a despecho de una proclamación presidencial estadounidense del 2004 que prohíbe la entrada al país de funcionarios extranjeros sospechosos de corrupción.
Lo mismo que otros han hecho en el pasado, el representante legal de Lyons afirma que las alegaciones son el resultado de persecuciones políticas.
En meses recientes, un hombre que se supone sea Lyon ha sido fotografiado en Smith & Wollensky, el elegante restaurante de Miami Beach junto al agua cerca de South Pointe Beach. Las fotos, que han sido publicadas en la prensa colombiana, y en las que parece figurar Lyons junto a una acompañante del sexo femenino disfrutando de un bistec junto al agua, causaron indignación en Colombia.
El Herald, que también recibió las fotos, no pudo confirmar de forma independiente que el hombre que aparece en esas imágenes sea Lyons.
Aunque Lyons ha mantenido una presencia discreta, el ex gobernador ha sido asimismo visto en Beach Club III, reportó un residente del edificio que pidió conservar el anonimato.
El Herald no pudo confirmar si Lyons vive en el edificio ubicado en Ocean Drive en Hallandale Beach. Ninguna de las unidades del edificio está registrada bajo el nombre de Lyons o el de su esposa, y ninguna propiedad ha sido registrada a nombre de la pareja en el sur de la Florida. El gerente general del Beach Club se negó a comentar al respecto.
En entrevista para el Nuevo Herald, los senadores colombianos Alfredo Ramos y Daniel Cabrales califican al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Árias Leyva, como un perseguido político del presidente Juan Manuel Santos y denuncian que la extradición solicitada por Nariño pretende que el ex funcionario sea un trofeo ofrecido por el mandatario a la guerrilla de las FARC. Hacen un llamado a marchar el primero de abril, en contra de un Gobierno que, denuncian, cede terreno al narcotráfico.
Lyons se puso en contacto con el Herald luego de que se envió un correo electrónico a su abogado, y se ofreció a encontrarse con un reportero en el sur de la Florida para discutir su estatus. El Herald esperó una semana que Lyons confirmara el lugar y la hora antes de enviar sus preguntas por escrito. Lyons respondió el lunes de la semana pasada que no podía responder las preguntas en este momento porque él estaba en una clínica acompañando a su esposa.
El abogado de Lyons, Oscar Julián Guerrero, no respondió a una lista de preguntas excepto diciendo: “La información de la Fiscalía General [acerca de las alegaciones de corrupción] se reserva hasta que se llegue al momento en que se haga un encausamiento”.
En lo que se refiere al misterio del asesinato de Zapa, Guerrero dijo que los reportes de que investigadores están indagando si Lyons pudo haber estado involucrado en el mismo son “nada más que especulaciones periodísticas que parecen no haber consultado la información de la investigación”.
“Estamos comprometidos a demostrar la inocencia del doctor Lyons porque esta es una persecución injusta que es algo muy común en casos con motivaciones políticas en Colombia”, agregó Guerrero, refiriéndose a las alegaciones en general.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a comentar al respecto.
Las especulaciones sobre los planes futuros de Lyons tienen lugar justo después del arresto del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien fue detenido la semana pasada en Coral Gables bajo cargos de haber usado fondos públicos para espiar a por lo menos 150 personas.
Martinelli huyó a Estados Unidos en el 2015, pocos días después de que el Tribunal Supremo de su país abriera una investigación sobre otras alegaciones de que él había ayudado a malversar $45 millones de un programa gubernamental de almuerzos escolares.
Al comparecer la semana pasada ante los tribunales federales, Martinelli alegó a través de su abogado que el esfuerzo por extraditarlo era parte de una campaña difamatoria encabezada por sus enemigos políticos.
Seis meses después de que Martinelli entrara a Estados Unidos, el ex ministro de Agricultura colombiano Andrés Felipe Arias vino a vivir al sur de la Florida mientras se encontraba bajo juicio por corrupción. Arias se estableció en Weston y pidió asilo político, alegando que los cargos de corrupción tenían una motivación política y que él no había recibido un juicio justo.
El fue arrestado el pasado agosto y se encuentra en libertad bajo fianza en espera de una decisión de un tribunal federal con relación al pedido de extradición de Colombia.
No está claro si Lyons planea también solicitar asilo político. Si lo hiciera, eso podría dificultar aún más al gobierno colombiano la posibilidad de extraditarlo, por lo menos en el futuro próximo.
Las solicitudes de asilo, las cuales tienen por objeto proteger a las personas que huyen de la opresión y de la persecución política, pueden demorar años en pasar por el sistema de inmigración, sobrecargado de casos atrasados. Una solicitud de asilo no protege a los solicitantes de extradición de ser encausados en Colombia por un delito que esté cubierto por el tratado entre ambos países, pero sí podría complicar el proceso.
Lyons dijo a un periódico colombiano la semana pasada que él no estaba tratando de pedir asilo político en Estados Unidos y que tampoco estaba tratando de evadir la justicia en Colombia, pero que en estos momentos se veía impedido de regresar a su país debido al estado de salud de su esposa.
CP
