Primeros actos de corrupción. Con el fin de identificar algunos patrones y lecciones de los recientes escándalos de corrupción en América Latina, fueron examinados varios países de la región que experimentaron convulsión social por actos, reales o supuestos, de malversación pública en gran escala en el período 2014-2016.
Los casos de estudio se basan, en buena medida, en la evidencia periodística, actualizada a mediados de 2016 y sujeta principalmente a investigaciones legales en curso.
Al seleccionar esta muestra de casos, no exhaustiva, se busca equilibrar los países más poblados de la región. Destacaremos lo sucedido en Brasil donde la corrupción movió los propios pilares del poder y la política de ese país y de la región.
A continuación los “hechos estilizados” de los principales escándalos de corrupción que cambiaron la vida en el Brasil.
El mayor escándalo de corrupción política del país surgió en marzo de 2014, cuando una investigación de la policía federal sobre lavado de dinero llevó a la detención de un exdirector del gigantesco conglomerado brasileño de petróleo, Petrobras.
El escándalo de Petrobras ha sacudido a la élite política de la nación. A principios de 2016, 49 políticos estaban bajo investigación; entre ellos, 13 senadores, 22 diputados federales, 2 gobernadores, 13 exdiputados federales y 1 exgobernador, incluidos los dirigentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
El expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, generó amplia controversia y fue acusado de tomar hasta US$40 millones del esquema de Petrobras y lavar el dinero a través de una iglesia evangélica y cuentas bancarias suizas.
Cunha fue suspendido por la Corte Suprema como presidente de la cámara baja en mayo de 2016 y renunció a su cargo dos meses después, como consecuencia del escándalo de corrupción.
En marzo de 2016, los fiscales también procesaron al ex presidente Lula da Silva por vínculos con las empresas constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras, como resultado de la remodelación de dos propiedades supuestamente vinculadas a la familia de Lula. Un mandato judicial ordenó a la policía federal que detuviera y obligara al expresidente a dar una declaración sobre estos tratos.
El posterior intento (fallido) de elevar a Lula como Jefe de Gabinete del Presidente Dilma Rousseff provocó importantes controversias políticas.
Todos estos acontecimientos han alimentado una crisis política sin precedentes en Brasil. Las masivas protestas callejeras se produjeron en 2015 a medida solicitudes de la renuncia y acusaciones a la presidenta Rousseff.
En marzo de 2015, 2.4 millones de personas marcharon en varias ciudades del país, seguidas por movilizaciones más pequeñas en abril y agosto. Las calificaciones de aprobación de Dilma Rousseff cayeron precipitadamente durante este período, pasando de 41% en febrero de 2014 al 7% en septiembre de 2015, momento en el que sus niveles de rechazo alcanzaron el 71%.
El profundo malestar y la incertidumbre política desencadenada por el caso Petrobra y alimentaron una recesión económica entre 2014 y 2015.
El escándalo también ha empañado la reputación de Petrobras y llev+o a los accionistas minoritarios a demandar a la compañía en tribunales estadounidenses e instar a las agencias gubernamentales de dicho país a investigar sus transacciones.
En abril de 2016, la Cámara de Diputados, encabezada por Eduardo Cunha, votó a favor de destituir a la presidenta Rousseff por cargos técnicos de gestión fiscal, que no tenían relación con el escándalo Lava Jato.
Rousseff y otros detractores han denunciado este acto como un “golpe parlamentario”, dando muestra con ello de la profundidad de la crisis política desatada en Brasil.
CP
