El proyecto será presentado por el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la Secretaría de Transparencia y organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la DIAN, la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), la Defensoría y las distintas superintendencias.
Son 25 entidades del Estado las que, por primera vez, radican un proyecto de ley que, además, espera combatir la corrupción.
La propuesta apunta a la transparencia para prevenir y “cerrar cualquier espacio a los corruptos”, afirmó la vicepresidenta en entrevista con El Tiempo. El énfasis está en la pedagogía y disuasión para crear un sistema de cooperación e intercambio entre todas las instituciones del Estado. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en materia de corrupción fueron claves para solventar los vacíos y deficiencias de carácter normativo o de control.
La solicitud, con mensaje de urgencia, establece medidas trascendentales para el futuro de la sociedad, reitera la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El proyecto contempla medidas de protección de identidad a los denunciantes y de protección laboral para funcionarios públicos que denuncien presuntos actos de corrupción.
La funcionaria que en Colombia “las personas muchas veces se abstienen de denunciar por temor a la retaliación y a las amenazas”.
Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización Transparencia por Colombia, alertó sobre las amenazas contra quienes han denunciado casos de corrupción y mal manejo del dinero destinado a la emergencia sanitaria. La solicitud pide condiciones favorables para la denuncia, pieza fundamental de las estrategias contra la corrupción.
Lo más importante, aseguró Hernández, son las medidas de protección. Cita el informe del Barómetro Global de Corrupción 2019 que señala que, en Colombia, el 78% de la población cree que puede aportar a la lucha anticorrupción, pero también considera que puede ser víctima de represalias.
“El 58% considera poco probable que las denuncias generen consecuencias”, aseveró el directivo de la entidad no gubernamental.
De acuerdo con la medición citada por Hernández, el 52% de los encuestados señala que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses y el 57% cree que el Gobierno no centra todos sus esfuerzos para combatir dichos actos delictivos.
Lo más grave es la percepción sobre el Congreso, pues el 64% de los encuestados considera que sus miembros son los más involucrados en hechos de corrupción, el 55% considera que son el presidente y sus funcionarios cercanos y el 48% los funcionarios públicos.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es otro de los temas planteados por los organismos del Estado.
La responsabilidad de las prácticas corporativas reiteradas, como en el caso de Odebrecht, también recaerá sobre los beneficiarios del delito y no solo los administradores para aplicar sanciones integrales.
Se fortalecerán los procesos para la extinción de dominio que presentan deficiencias en los trámites, según la vicepresidenta. Para ello, se acordó brindarle más atribuciones al fiscal general, quien administra los bienes a través del Fondo de Bienes de la Fiscalía, con el fin de facilitar su enajenación sin ninguna autorización adicional y la extracción de todos sus bienes. La Contraloría tendrá el poder de, incluso, buscar, embargar y recuperar activos en el exterior.
La reforma también busca identificar a los beneficiarios finales de la corrupción que, muchas veces, tienen a su nombre distintas empresas y diversos contratos con razones sociales para evadir la justicia. “Se trata de encontrar el dinero donde esté y quitárselo”, ratificó la vicepresidenta.
Asimismo, se implementará un observatorio anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, para administrar, recolectar, interpelar y compartir, continuamente, la tipología para la correcta identificación de los hechos de corrupción.
Las sanciones administrativas alcanzarán los 200.000 salarios mínimos y estas empresas no recibirán ningún incentivo ni podrán recibir adjudicación alguna de contratos con el Estado por 20 años. Dando cumplimiento al principio de oportunidad, se brindarán beneficios a quien brinde información adicional para acabar con redes de corrupciones.
CP
