Villarejo y la enlodada corrupción judicial del «Caso Emperador». Ya hay vía libre para iniciar el juicio oral del ‘caso Gao Ping’. Se procesa a 105 individuos, pero una veintena de personas adineradas, de relevancia empresarial y/o social, fueron exoneradas de responsabilidad, y a varias de ellas se les acercó el comisario encarcelado José Manuel Villarejo para ofrecerles sus servicios.
Las reconocibles maniobras del policía pueden identificarse en distintas fases de este procedimiento judicial.
Ocho años después de que el nombre de Gao Ping empezara a ocupar portadas e informaciones periodísticas, los procesados empezarán en breve a desfilar ante el juez.
El pasado 8 de julio el magistrado José Luis Calama Teixeira, titular desde diciembre de 2018 del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional, emitió auto en las Diligencias Previas 131/2011 caso Emperador, invitando a las partes a solicitar (o, en su caso, sobreseimiento) la apertura de juicio oral.
En esta causa se procesa a 105 personas de las que 34 son de origen español, una decena de origen israelí, peruano, venezolano, filipino, suizo y belga, y el resto, de origen chino.
Pero podrían haber sido bastantes más si entre 2014 y 2016 no se hubiera exonerado de responsabilidad a un numeroso grupo de imputados; entre ellos, una veintena de personas adineradas de relevancia empresarial y/o social que ya no tendrán que comparecer ante el juez, algunos de los cuales mantenían relaciones de distinta intensidad con el comisario encarcelado José Manuel Villarejo.
Aunque el caso Emperador salta a la luz pública con la megaoperación de detenciones y registros de octubre de 2012, en realidad la investigación comienza en el año 2009 por la Fiscalía Anticorrupción y, tras querella de ésta, en 2011 se asume por el juzgado.
De 2009 a octubre de 2012 el caso permanece bajo secreto a cargo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependientes de la Policía Nacional. En ambas, Jose Luis Olivera, alias El Oli, ocupó cargos de gran responsabilidad: en la UDYCO, de 2000 a 2003 y en la UDEF, entre 2006 y 2012 como jefe máximo.
El caso Emperador investigó una macrooperativa para, de un lado, defraudar al fisco en la importación de 1.000 contenedores anuales de artículos de bazar (declarando en aduana menos cantidad y productos distintos de los reales buscando un menor gravamen) y, de otro, evadir a China las grandes cantidades de efectivo generado en la venta de lo importado (de 4 a 5 millones de euros mensuales) y por tanto de origen ilícito.
El auto del pasado 8 de julio determina que los beneficios ilícitos se evadían a China mediante varias modalidades: por carretera hasta bancos andorranos y de allí a China, usando correos humanos; por vía aérea desde Barajas, también mediante envíos camuflados bajo la apariencia de supuestas remesas de inmigrantes a través de gestoras de transferencias (MoneyGram, Coinstar y Monty Global); o por el sistema de compensación, por el que personas con gran cantidad de dinero opaco fuera de España aceptaban efectivo en España de la organización y seguidamente se lo devolvían transfiriendo a China el importe recibido desde sus cuentas en paraísos fiscales.
Esta última modalidad fue investigada dentro de la pieza separada Empresarios, que acabó con la dispensa de los imputados con autos de sobreseimiento dictados entre 2014 y 2017 según indica el reciente auto.
En abril de 2014, tres años después de la apertura del caso en el juzgado, se abre otra pieza separada llamada Funcionarios tras el análisis de las escuchas autorizadas por el juzgado y una investigación de Asuntos Internos.
Este departamento estaba entonces a cargo del comisario Marcelino Martín-Blas, que inicia dichas pesquisas a raíz de la detención e imputación del inspector jefe adscrito a Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo en la redada inicial de octubre 2012 por facilitar, supuestamente, el papeleo para las importaciones.
La pieza Funcionarios destapa el suministro de información restringida por parte de policías a cambio de regalos de, al menos, un miembro de la organización de Gao Ping llamado Yongping Wu Liu, imputado al igual que Gómez Gordo en la pieza principal.
La fiscalía pidió la imputación de nueve policías, entre los que se encontraban el ya imputado Gómez Gordo y el entonces Comisario Jefe del Puesto Fronterizo de Barajas, Carlos Salamanca Vilches, detenido años más tarde, en 2017, junto a Villarejo en el primer golpe a la organización criminal que hoy investiga la causa Tándem en la Audiencia Nacional. De forma sorprendente, todos los imputados y/o luego procesados en esta pieza Funcionarios fueron desimputados y/o absueltos en el juicio celebrado en 2016, cuya sentencia confirmó el Supremo en 2017.
Salamanca y Gómez Gordo no llegaron al juicio: el primero fue exonerado al poco de abrirse la pieza, en noviembre de 2014, y el segundo, poco antes del señalamiento de la vista.
La relación con Villarejo
Al menos cuatro personas (físicas/jurídicas) vinculadas directamente a personas investigadas y citadas (como exoneradas o como procesadas en la pieza principal) en el reciente auto del juez Calama, efectuaron pagos a Villarejo o recibieron propuestas de éste.
Se trata por un lado de dos elementos de la trama (la gestora de transferencias de remesas de inmigrantes MoneyGram y del ciudadano de origen chino Yongping Liu) y, por otro, de dos empresas ligadas a empresarios adinerados, Antonio Banús Ferre y José Antonio Hernández Rodríguez, investigados en la parte del caso relativa a la evasión de efectivo por el sistema de compensación (pieza Empresarios).
1. MoneyGram. En marzo de 2012, el bufete de Villarejo emite factura por 100.000 euros a MoneyGram, gestora de transferencias usada supuestamente para camuflar envíos de efectivo a China como remesas de emigrantes, cuyos directivos fueron luego imputados y ahora procesados.
El concepto de la factura es «servicio de inteligencia empresarial» sobre una supuesta «reclamación extrajudicial» de Manuel Martínez Sánchez, también procesado en Emperador comoadministrador solidario de Coinstar, otra de las gestoras de transferencias señaladas en el auto.
Se da la circunstancia de que en esa época Manuel Martínez Sánchez estaba bajo el foco del Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), según indican a Público fuentes del caso. El detalle de la investigación del Sepblac al directivo de Coinstar, junto al señalamiento en el auto de ambas gestoras, abre la posibilidad de que la «reclamación extrajudicial» a MoneyGram fuera en realidad una puesta en escena para justificar al Sepblac movimientos de fondos.
La acusación popular que dirige Podemos ha solicitado al juez diligencias con respecto de esta factura de la que la unidad policial adscrita al caso Tándem (dirigida por Francisco Migueláñez) apenas decía nada en los oficios que remitió al juez Manuel García Castellón y a los fiscales Miguel Stampa y Miguel Serrano para su consideración.
2. Yongping Wu Liu. Imputado por partida doble: en la pieza principal relativa a las importaciones fraudulentas y en la pieza Funcionarios como la persona que presuntamente interactuaba con los policías.
El bufete de Villarejo ejerció su defensa letrada en ambas piezas, sustituyendo a la defensa letrada inicial y, según fuentes del caso, desde al menos, la apertura de la pieza Funcionarios.
Poco antes del juicio que se celebra en 2016 para la pieza Funcionarios, Villarejo le emite una factura por 125.000 euros más IVA -aportada al juzgado a solicitud de éste por el diario digital El Independiente-, pero que también recoge un cuadro extracontable de control de facturación, fechado en abril de 2016, encontrado en un archivo del socio del comisario, Rafael Redondo.
A continuación, el cliente Yongping Wu Liu es transferido por el bufete de Villarejo al abogado Gonzalo Boye.
Yongping Wu Liu fue absuelto junto al resto de policías en la pieza Funcionarios y, más tarde, en 2019, se le exonera en la pieza principal. En el camino, denuncia seguimientos y presiones del «CNI», una fórmula (o efecto especial) típica de los casos en los que Villarejo enreda.
3. Despacho de gestión de patentes Herrero y Asociados SL, uno de cuyos socios y caras visibles era José Antonio Hernández Rodríguez, imputado en lapieza Empresarios por recibir supuestamente efectivo mediante el sistema de compensación.
Durante el año 2013, Villarejo factura y cobra al despacho 250.000 mil euros más IVA. Su relación mercantil con Herrero y Asociados SL fue objeto de pieza separada (la pieza Iron) en el Caso Tándem y se inicia pocos días después de que Hernández fuera citado a declarar por el Caso Emperador.
El concepto de la facturación refiere a la asesoría de Villarejo en un supuesto conflicto de competencia desleal a raíz de la separación de algunos socios del despacho, separación y supuesta transferencia de negocio que se produce, curiosamente, poco antes de la operación policial de detenciones de octubre 2012.
Hernández es desimputado en febrero de 2014. No existe constancia de más reuniones entre los socios del despacho y Villarejo tras esa fecha, siempre según la secuencia seleccionada de audios incorporada al sumario y a la que Público ha tenido acceso.
3. Antonio Banús Ferre. Imputado en la pieza Empresarios por recibir presuntamente efectivo de la organización de Gao Ping mediante el sistema de compensación.
Entre los archivos incautados a Rafael Redondo que figuran en la Pieza XIII consta un contrato-propuesta (sin firmar), de 2 de diciembre de 2014, en el que una empresa de Villarejo, Club de Transacciones y Negocios SL (Cenyt), se ofrece a asesorar a «Corporación Logesban SL» -representada por Gonzalo Banús, familiar de Antonio Banús Ferre- en el diseño y ejecución de un supuesto holding para ofrecer a inversores y bajo el que colocar activos inmobiliarios de los Banús, pero también del propio Villarejo y de su oscuro colaborador José María Clemente Marcet, alias Scorpi.
Con esa operación los Banús querría conseguir fondos con los que aliviar la maltrecha situación financiera de su grupo empresarial (Grupo Valdemira).
El activo estrella a aportar supuestamente por los Banús era un hotel en la Colonia Mirasierra de Madrid; la contribución de Villarejo era un fracasado proyecto de parque temático en Córdoba; y la de Clemente Marcet, un hotel en Valencia, explotado bajo la marca Medium Hoteles y alquilado a su dueño, el Colegio de Médicos de Valencia, por una empresa vinculada a Marcet. Como inversores potenciales, Villarejo proponía al polémico príncipe saudí Nayef bin Fawwaz Al Sha’lan, partícipe en mayo de 1999 junto a Clemente Marcet en una operación de tráfico de drogas.
El contrato no está firmado ni constan pagos (al menos en España), pero en varios archivos incautados y aportados por los bancos se veque poco después, en enero de 2015, Gonzalo Banús otorgó hipoteca sobre sus activos a favor de Villarejo en garantía del pago de sus honorarios.
A pesar de la apariencia de realidad del contrato, del objeto y del motivo de una hipoteca semejante, varios indicios obligan a considerar la hipótesis de una simulación para construir un escudo frente a un hipotético embargo judicial con el que Villarejo les hubiese espantado : a) son frecuentes los embargos cautelares en casos de blanqueo de capitales como Emperador); b) las hipotecas son un escudo, porque el que embarga debe cancelar antes las cargas; c) la razón social «Corporación Logesban SL» no existía ni en las fechas del contrato ni en la hipoteca (al menos no se pública en el BORME hasta seis meses después); d) el activo estrella del proyecto era un hotel de los Banús cuya venta a una cadena hotelera llevaban negociando meses cuando Villarejo y Clemente Marcet se aproximan (la venta se cierra en diciembre 2015).
Dicha venta era crucial para que los bancos refinanciasen de nuevo al grupo de los Banús. Su importancia seindica en párrafos de énfasis por el auditor del Grupo Valdemira tras lograr la vital refinanciación en marzo de 2016.
La versión del enlace de Banús con Clemente Marcet y Villarejo, Julio Morin, es otra.
Morin defiende la buena fe del proyecto. Eso es lo que alguien concluiría del oportuno conflicto judicial que se inicia entre Banús y Villarejo tras cerrarse en diciembre de 2015 la venta del hotel, un supuesto conflicto del que ya informó Público en exclusiva.
Tal como lo plantean todos en el juzgado, este efecto especial en formato de batalla judicial a posteriori aporta veracidada la idea de un proyecto real y por tanto no simulado:se demanda a Villarejo por incumplimiento,alegando que los inversores prometidos nunca aparecían y, a su vez y en sentido contrario, el comisario les demanda por impago de trabajos realizados (en el marco de la Causa Tándem se incauta a Villarejo los rudimentos en power point de lo que pretende ser un Cuaderno de Inversión que presentar a inversores).
Antonio Banús Ferre es desimputado en enero de 2016, según el auto del pasado 8 de julio del juez Calama.
Otro apellido investigado y exonerado en la pieza Empresarios de Emperador, también por haber participado presuntamente en el sistema de compensación, es el de Sarasola (Fernando Sarasola Marulanda).
Entre archivos incautados a Villarejo y que lista un oficio policial de la Pieza BBVA, figura uno descrito así: «Contiene dos documentos Word, dieciocho documentos de texto y un documento denominado GON- Sarasola-6.2.96 que no se puede abrir».
Prácticamente todos los millonarios inicialmente investigados (bajo la pieza Empresarios) fueron desimputados entre 2014 y 2017.
Fuentes del caso niegan a Público cualquier influencia de Villarejo en estas desimputaciones que, según explican, se debieron en unos casos a fallecimientos de investigados y en otros a que no se pudo acreditar que los millonarios conociesen el origen ilícito del efectivo que recibían ya que se hacía con intermediarios y a que, en su caso, los delitos fiscales detectados pasaron a los juzgados de sus domicilios.
Es decir, que en el caso Emperador y en lo referido a quienes repatriaban en simbiosis con la trama investigada, todo apunta a que Villarejo sobrevendía sus capacidades -tanto para espantar como para ayudar-, a las que conseguiría dar credibilidad gracias a su condición de policía –que no ocultaba-, a sus alardes sobre su relación con magistrados y, sobre todo, gracias al tenebroso horizonte que dibujaba para sus clientes la prensa que se nutría de las filtraciones del comisario y sus colegas, y que tras la operación policial de octubre de 2012 tenía el foco puesto sobre las personas adineradas que repatriaban capitales.
Los ‘efectos especiales’ de Villarejo, un común denominador
La apertura de la pieza separada Funcionarios en 2014 es considerada como el inicio del cerco al «clan mafioso» (definido así por la fiscalía) que hoy se investiga dentro del caso Tándem o Caso Villarejo.
Y, prácticamente desde las detenciones de octubre de 2012, el procedimiento estuvo rodeado del despliegue de efectos especiales que suele enfangar las instrucciones judiciales sobre las que revolotean Villarejo y sus colegas.
1. ‘Errores’ judiciales. En octubre de 2012, una interpretación innovadora del magistrado Fernando Andreu con respecto del periodo máximo de detención antes de la puesta a disposición judicial provocó un «error» judicial que permitió la excarcelación, de los principales cabecillas. Se perjudicó así, y en un solo movimiento, una investigación con miles de horas invertidas desde que Anticorrupción la inicie en 2009.
Andreu tuvo, además, que inhibirse tras la apertura en 2014 de la pieza Funcionarios debido a que Fiscalía pidió la imputación de Carlos Salamanca, con quien Andreu reconoció tener amistad.
2. Ataques incesantes a los fiscales del caso, que en Emperador eran José Grinda y Juan José Rosa. En diciembre de 2012, Zhu Xiashuang uno de los excarcelados por el «error» judicial, presenta a través de su letrado, Luis María Gerez, una denuncia contra Andreu y los fiscales por «detención ilegal».
Gerez es también el letrado escogido por Villarejo para presentar una querella conjunta contra los mismos fiscales Grinda y Rosa y periodistas que destapaban al comisario a raíz del Caso del Pequeño Nicolás (Patricia López, en Público, y Javier Ayuso, en El País), por conformar, según el, una conspiración contra su persona; denuncia que fue amplificada y publicitada por sus redactores afines y desestimada de plano.
De la misma manera, es Gerez el elegido por la asociación Transparencia y Justicia, vinculada a Villarejo, para tratar de que el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre se considerase delito y no falta, abriendo así hueco a Cristina Cifuentes.
Poco después, de que dicha asociación ganase el primer recurso (septiembre de 2014), Cifuentes comienza a preparar su candidatura (primero a la alcaldía de Madrid) según conversaciones que obran en el sumario Púnica.
El fiscal José Grinda fue también denunciado en falso por «presiones» por uno de los principales procesados en Emperador, Rafael Pallardó. Además, y en paralelo a la instrucción, se difundían infamias contra este fiscal, con las que incluso el fallecido abogado Ignacio Peláez, personado en muchos casos del interés de Villarejo y sus amigos, armó una querella que publicitaron los medios habituales.
Por su parte, el fiscal Juan José Rosa acabó incluido en un «acta de manifestaciones» en la que fue acusado de «intento de soborno» por un colaborador de Villarejo imputado en la Operación Prima y al que la juez consideró partícipe de supuestos chivatazos al principal imputado, Harischandra Tarachand Varma.
En dicha acta, en la que el colaborador también incluyó al comisario Jaime Barrado, se decía que en una reunión, el fiscal le ofrece dinero para que denuncie a Villarejo (otro clásico efecto especial del comisario y sus secuaces). Villarejo era el principal sospechoso del chivatazo (la juez que instruía el caso identificó llamadas procedentes de dos líneas de teléfono que usaba Villarejo), aunque finalmente no fue imputado.
3. Campaña de desprestigio contra Marcelino Martín-Blas, recién cesado por Eugenio Pino como Jefe de Asuntos Internos ygracias al cual se abrió la pieza separada Funcionarios. En mayo de 2016, un policía defendido por Gonzalo Boye denuncia falsedad en el informe de Asuntos Internos de julio 2015 que fue la base de su procesamiento.
La querella dio lugar a las DP 1919/2016 del juzgado nº 24 de Madrid (donde casualmente trabajaba Ángel Benseny, promotor en calidad de psicólogo judicial de Schola Iuris, la «consultora jurídica» vinculada a Villarejo que incluía un exclusivo instituto jurídico ).
Fue archivada tres veces. Tras el archivo, Boye reclamó para su cliente y por vía contenciosa una indemnización por «funcionamiento anormal de la justicia» (desestimada en firme en 2020). Los ataques a Martín-Blas crecieron exponencialmente tras iniciarse bajo su mando las investigaciones del Caso del Pequeño Nicolás (en octubre de 2014) y la de la grabación ilegal al CNI (desde 2015) por la que el fiscal del juzgado 2 de Instrucción pide cuatro años de prisión para Villarejo.
4. Denuncias sobre «espionajes» del «CNI» a imputados, con el único soporte probatorio de «actas de manifestaciones» y «artículos» del ejército mediático del comisario.
Tras la apertura de la pieza Funcionarios, el abogado de Gao Ping, principal imputado del caso, presentó escrito denunciando una «conspiración» del CNI. Como es habitual, el escrito fue filtrado de forma masiva junto a comentarios del abogado que ya incluían (corría el año 2014) los elementos clásicos de alusiones al gestor suizo de fortunas Arturo Fasana, a la ex ‘amiga’ del rey emérito Corinna Larsen, etc.
A su jefe se unió Yongping Wu Liu, el cliente de Villarejo, que a la vez denunciaba «seguimientos» del «CNI». El recurso a historietas con el CNI de protagonista es uno de los efectos especiales favoritos del comisario jubilado y se repite en muchos de los casos en los que enredan el comisario y sus colegas o en los que se ven acorralados.
También es efecto especial recurrente esgrimir y publicitar «actas de manifestaciones ante notario» como «prueba» de acusaciones contra personas o entidades objetivo, a pesar de que un notario solo verifica la identidad del que firma ese tipo de acta, pero no su contenido.
5. Archivos sorprendentes de causas judiciales. Lo que las escuchas revelaban en la pieza Funcionarios es exactamente lo mismo por lo que la Fiscalía está pidiendo decenas de años de cárcel para los policías investigados en Tándem: suministro de información restringida a policías con contraprestaciones; en el caso de la pieza Emperador esto sucedió al menos con el cliente de Villarejo y Boye, Yongping Wu Liu.
Sin embargo, todos los señalados, imputados o juzgados en Funcionarios fueron exonerados: los diferentes magistrados no acertaban a ver otra cosa que relaciones de «amistad», y por tanto inocentes «regalos de amistad» (aunque los regalos fueran en una sola dirección); algo muy en la línea con el intento del primer magistrado del Caso Tándem de dejar a Salamanca fuera de la causa.
En la pieza Funcionarios, Carlos Salamanca no pasó siquiera a la fase de juicio, siendo exonerado el primero, en noviembre de 2014, y ascendido al mes siguiente. Luego le tocó el turno a Miguel Ángel Gómez Gordo.
El resto fueron absueltos en 2016 siendo presidente de la sala el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (la sentenciafue confirmada por el Supremo).
En la pieza principal, Emperador, Yongping Wu Liu fue también luego (en 2019) desimputado, algo que no sucedió con Gómez Gordo, que figura aún en la lista de procesados en el auto que propone apertura de juicio oral.
Este último, detenido en la redada inicial de octubre de 2012 por «facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería a cambio de dádivas y recompensa», según el auto del pasado 8 de julio, es hermano del policía de confianza de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.
Andrés está imputado a su vez en la pieza Kitchen del caso Tándem, que investiga una supuesta operación de Interior para sustraer información al exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas.
En esa pieza Kitchen se intenta averiguar qué se traían entre manos Villarejo y sus amigos entre 2013 y 2015 con relación a la posibilidad de hacerse con documentación incriminatoria en la Pieza «Udef-Bla 22510/13» del Caso Gürtel (pieza de los Papeles de Bárcenas), que investigaba si donaciones al Partido Popular habían sido recompensadas con contratos públicos.
Por documentación incriminatoria debe entenderse aquella que demuestre donaciones finalistas (a cambio de un contrato público específico), que es lo único con recorrido penal. El riesgo de que dicha documentación apareciese era tanto para políticos como para los 19 ricos donantes nombrados en los Papeles. Ruz archivó la pieza en marzo de 2015.
Una vez más, la alargada sombra de Villarejo se cierne sobre casos con potencial lucrativo para sus negocios en los que están afectadas casi siempre personas adineradas o empresarios.
CP
