Con la desarticulación de una estructura criminal de tráfico de cocaína que opera en Choluteca y Olancho y con acciones frontales contra la corrupción, los delitos contra la vida y la extorsión, el Ministerio Público activó este jueves la Operación Omega II en todo el territorio nacional.
-Se secuestra documentación en las alcaldías de La Ceiba, Atlántida y Santos Guardiola en Islas de la Bahía.
-También se investigan amenazas a muerte a periodistas en La Esperanza, Intibucá.
-Continúan los aseguramientos de bienes contra el exjefe policial, Ricardo Ramírez de Cid.
La operación es encabezada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que allana varias viviendas y ejecuta órdenes de captura contra presuntos traficantes, en su mayoría en el municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, región sur del país.
Por su parte, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizarán inspecciones, decomisos y toma de declaraciones en relación a supuestas irregularidades en contrataciones millonarias de obras públicas que efectuaron varias instituciones estatales, proyectos a desarrollarse en la zona sur y otras regiones del país.
El Ministerio Público señala en un comunicado, que las investigaciones por las adquisiciones en el marco de la pandemia de la COVID-19 se refuerzan y avanzan, en ese sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la ATIC, continuarán inspecciones en el hospital de Yoro, en torno a la compra millonaria que realizó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), de 129 ventiladores mecánicos, luego de los últimos hallazgos en los hospitales sampedranos Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez.
De igual forma, se procede al decomiso de documentos en la municipalidad de Santos Guardiola en Islas de la Bahía, por presuntas irregularidades.
Otra de las municipalidades que es objeto de investigación es la de La Ceiba, donde la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios (FE-CDT) y la ATIC, realizarán inspecciones en varias oficinas de esa alcaldía, por denuncia interpuesta por empleados, en torno a la retención del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), dinero que supuestamente no ha sido trasladado al Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De su lado, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), realiza investigaciones en La Esperanza, Intibucá, por denuncia de amenazas a muerte en contra de un periodista y diligencias en Santa Bárbara, Cortés y Choluteca por casos relacionados a activistas de derechos humanos.
Asimismo, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural interpondrá requerimientos fiscales en contra de funcionarios del Instituto de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, por afectar títulos comunitarios, además de realizar inspecciones en bienes históricos.
Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), continúa en el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y productos financieros, así como la interposición de requerimientos fiscales, tras al caso contra el exdirector y comisionado general de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid.
El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas, por su parte, coordina varios allanamientos donde se decomisarán drogas, armas, dinero en efectivo, balanzas, entre otros indicios producto del tráfico de drogas, después de la incautación de 99 kilos de cocaína hecha por la ATIC en Santa Bárbara.
Asimismo, las fiscalías especiales para la Niñez y de la Mujer, presentarán requerimientos fiscales por delitos de índole sexual, maltrato familiar y desobediencia, así como coordinar capturas en contra de presuntos agresores de niños y mujeres, sin dejar a un lado la labor social y de prevención.
En el marco de la operación se hacen inspecciones a sedes policiales, albergues, centros de salud, centros de triaje y acusaciones, que son parte de las actividades de fiscales de derechos humanos en esta operación, por su parte la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), ejecuta inspecciones por delitos en temas forestales, minerales y en contra de la fauna.
CP
