Este 24 de junio la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Eduardo Pulgar Daza a 58 meses y 25 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer. Su condena no habría sido posible de no ser por los audios y las pruebas que publicó el periodista Daniel Coronell en cuatro de sus columnas de opinión.

Este caso involucra también al excónsul Luis Fernando Acosta Osio quien, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Corte, se habría apoderado de la Universidad Metropolitana mediante sobornos y tráfico de influencias en el Ministerio de Educación. Todo indica que Pulgar no actuó solo y que el caso aún no ha sido resuelto por completo.

Otro asunto inconcluso concierne a los daños irreparables que sufrió Andrés Rodríguez, el exjuez que denunció que Pulgar le ofreció $200.000 millones para que fallara a favor de Luis Acosta Osio en el caso de la Universidad Metropolitana. Rodríguez tuvo que exiliarse tras ser víctima de dos atentados mientras estaba en el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Aunque el caso de Pulgar ha recibido un enorme cubrimiento mediático, por supuesto él no es el primer congresista colombiano corrupto o criminal.

Otros escándalos

Desde el escándalo de parapolítica que se destapó en 2006 y concluyó con la captura de 60 congresistas por concierto para delinquir, han salido a la luz decenas de escándalos de corrupción de congresistas tan graves como ese bochornoso episodio.
En 2018 y 2019 una decena de congresistas y excongresistas involucrados en el escándalo de Odebrecht y con el Cartel de la Toga fueron investigados, capturados y condenados.

Entre ellos se cuentan Otto Bula, Bernardo Elías y Musa Besaile del Partido de la U, Antonio Guerra de la Espriella de Cambio Radical y Álvaro Ashton del Partido Liberal.

Durante ese período legislativo, el Consejo Nacional Electoral acusó a la excongresista Aída Merlano de pagar más de 1,7 millones de dólares para comprar votos en la costa del Caribe y la Corte Suprema la condenó a 15 años de prisión. En la última entrevista que le concedió a la periodista Vicky Dávila, Merlano reconoció la participación del Clan Char en el escándalo de fraude electoral.

Pero hay prontuarios aún más peligrosos como el del exsenador del Partido de la U Martín Morales Diz, que fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tentativa de homicidio y porte de armas y de munición de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aunque el caso de Pulgar ha recibido un enorme cubrimiento mediático, por supuesto él no es el primer congresista colombiano corrupto o criminal.

Otro ejemplo es el del representante a la Cámara por el Putumayo Jimmy Harold Díaz del Partido Conservador que fue capturado el 23 de septiembre de 2019 en la salida del Congreso por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, y es acusado de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales cuando fue gobernador (2012 a 2015) y contaminación ambiental por explotar un yacimiento minero en asocio con criminales.

A estos casos hay que sumarles les sentencias por pérdida de investidura emitidas por el Consejo de Estado en los períodos 2014-2018 y 2018-2022. Dos casos ejemplifican la gravedad del asunto: en 2017, mediante sentencia 2015-00111 del 28 de marzo, el Consejo decretó la pérdida de investidura del entonces senador del Partido de la U, Carlos Enrique Soto, al comprobar que había destinado recursos públicos a pagarle a un asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que no había trabajado.

Dos años después ocurrió lo mismo con el representante a la Cámara del partido Liberal Gustavo Estupiñán después de que el Consejo de Estado lo encontró responsable de no haber vigilado ni supervisado el trabajo del personal adscrito a su UTL que se encontraba fuera de Bogotá.

Habría que agregar los casos de Iván Márquez y Jesús Santrich, a quienes se les decretó la muerte política en 2019 y 2020, respectivamente, y una vez que estos dos congresistas decidieron retomar las armas.

Hoy por hoy se cuentan 31 congresistas y excongresistas investigados por la Corte y por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Entre ellos figuran Fabián Castillo, Arturo Char y Eduardo Díaz Granados de Cambio Radical, Armando Benedetti, del Partido de la U y Gustavo Petro de la Colombia Humana.

Un Congreso corrupto e impopular

En definitiva, el caso de Eduardo Pulgar es la punta del iceberg de los escándalos de corrupción que rodean al Congreso colombiano. Es evidente que se trata de un espacio permeado por la criminalidad y por lo tanto no garantiza el interés público ni representa a la ciudadanía. En efecto, de acuerdo con la última encuesta de Datexco, el 88% de la ciudadanía tiene una imagen negativa del Congreso, idéntica a la del ELN.

Hoy por hoy se cuentan 31 congresistas y excongresistas investigados por la Corte y por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

Sin duda, es fundamental que la ciudadanía se informe y entienda la importancia de votar de manera consciente en las elecciones de la presidencia y en las legislativas, pues el Congreso es el órgano encargado de tramitar las reformas legislativas o constitucionales de mayor importancia, así como de ejercer control político sobre los actos del Ejecutivo.

Por eso es necesario que -sin importar su ideología- todos los partidos políticos rechacen tajantemente los actos de corrupción. También importa establecer sanciones para los partidos que hayan avalado o respaldado candidatos corruptos de forma sistemática, y exigir que los congresistas rindan cuentas de manera regular. Solo así será posible empezar a limpiar la democracia colombiana.

CP