A comienzos de 2020, se modificó la ley respecto a la rendición de cuentas de los gastos reservados, incorporando un informe anual y genérico a la Contraloría, sobre corrupción, lo que sigue siendo insuficiente, ya que la rendición se remite a una lista y una declaración jurada, que no exige adjuntar boletas o facturas, quedando al arbitrio de quien rinde y a la fe de quien revisa. Entonces, si ya conocimos el mal uso de estos gastos reservados hace años, ¿por qué aún existe tanta laxitud para poner coto a este tema?
Esa antigua idea de que Chile no era un país corrupto no solo ha quedado atrás, sino que también ha sido enterrada. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la corrupción ha estado vigente por años y que opera a la orden del día sin mayores obstáculos.
Esto mismo ha provocado en la ciudadanía una sensación de hastío e impunidad. Y aun cuando somos conscientes de la corrupción y sus formas de proceder, seguimos conociendo escándalos que deterioran la fe pública.
Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso de poder para beneficio propio, y justamente cuando hay poder y no existen rendiciones de cuentas, siempre va a existir un campo fértil para su cometido. Lo que se traduce directamente en los casos que hemos vivido en Chile, respecto a la malversación de gastos reservados.
Recientemente conocimos el caso que envuelve al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara por malversación de fondos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El mecanismo de Espinosa habría sido similar al utilizado por el excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, sustrayendo parte de los gastos reservados, a los que ambos tenían acceso por sus cargos, y que corresponden a dineros que reciben algunos organismos estatales para financiar actividades de inteligencia.
No podemos seguir “haciéndonos” los sorprendidos con cada escándalo de corrupción, necesitamos acciones concretas y penas ejemplificadoras. De paso, debemos cuidar las instituciones y restituir la confianza en estas, y que no se repita lo ocurrido con la PDI, que pasó de ser la institución más confiable en la última encuesta CEP, al banquillo de los corruptos.
A partir de estos hechos, son varias las preocupaciones que debemos atender, pues no se trata de un caso más de corrupción, sino de mecanismos ya conocidos y utilizados, que siguen funcionando sin ningún control real para evitar que sigan sucediendo. Ya en 2015 conocimos el fraude del Ejército y en 2016 el de Carabineros, ambos investigados por la apropiación de gastos reservados, y este 2021 volvemos a ver el mismo actuar, esta vez en la PDI.
A comienzos de 2020, se modificó la ley respecto a la rendición de cuentas de los gastos reservados, incorporando un informe anual y genérico a la Contraloría, lo que sigue siendo insuficiente, ya que la rendición se remite a una lista y una declaración jurada, que no exige adjuntar boletas o facturas, quedando al arbitrio de quien rinde y a la fe de quien revisa. Entonces, si ya conocimos el mal uso de estos gastos reservados hace años, ¿por qué aún existe tanta laxitud para poner coto a este tema?
En un informe de 2018, fue la PDI la que indicó que los gastos reservados de Carabineros fueron repartidos –entre otras vías– a través de sobres cerrados. Entonces, si la PDI sabía del mecanismo para malversar fondos, ¿por qué no investigó a Espinosa ante la mínima duda de que esto pudiera estar sucediendo también en la institución? Lo anterior nos demuestra que no solo debemos exigir una mayor fiscalización del gasto, sino que las instituciones y los gobiernos dejen atrás también la condescendencia, y sean capaces de denunciar y exigir una investigación si hay indicios de que algo no está bien.
Asimismo, el rol privado es importante en la prevención de la corrupción. Por un lado, las empresas deben contar con exigentes controles que permitan detectar posibles delitos tanto a nivel interno como a la hora de hacer negocios o contratar proveedores, pues las opciones de ser utilizados para el lavado de activos son cada vez más probables. No olvidemos que el corrupto y lavador de dinero, siempre va a tratar de blanquear ese activo, introduciéndolo a la economía a través del sector privado.
Además, los bancos e instituciones más expuestas a riesgos de lavado de dinero, están obligadas a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas (ROS) y las operaciones en efectivo por sobre US $10.000 (ROE). Por esto, es fundamental el compromiso de las empresas, para que las investigaciones se puedan iniciar a tiempo, y prevenir que estas conductas operen por años.
Son diversos los actores que pueden detener la corrupción. En la mayoría de los casos, existen muchos cómplices pasivos que no denuncian, ya sea para evitar problemas o represalias, o porque no cuentan con canales formales para denunciar. Por lo mismo, es fundamental dar las garantías necesarias para que, quienes conozcan hechos irregulares, alerten a tiempo y, así, se puedan detener conductas ilícitas.
No podemos seguir “haciéndonos” los sorprendidos con cada escándalo de corrupción, necesitamos acciones concretas y penas ejemplificadoras. De paso, debemos cuidar las instituciones y restituir la confianza en estas, y que no se repita lo ocurrido con la PDI, que pasó de ser la institución más confiable en la última encuesta CEP, al banquillo de los corruptos.
CP
