Transparencia Internacional (TI) capítulo Panamá, junto a otras organizaciones de derechos humanos como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas, presentaron este martes un informe que denuncia la falta de políticas del país para mitigar la corrupción.
El documento, que da seguimiento al cumplimiento a los 19 mandatos priorizados de los 57 anticorrupción contenidos en el Compromiso de Lima, señaló que «el monitoreo arroja la realidad de un país cuyo gobierno está en deuda con el desarrollo de unas políticas públicas pro transparencia y anticorrupción».
Así, añadió que la «población requiere más información y articulación para ser protagonista en exigir y participar en esas políticas anticorrupción”.
El informe subraya que Panamá no cumple «de manera eficaz» los compromisos establecidos en la Cumbre de Lima, en la que el país firmó en 2018 el documento «Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción», que tiene como objetivo mantener la lucha contra la corrupción en el continente.
Panamá obtuvo una puntuación más baja de la media, un 1,42 en una calificación de 0 a 3, sobre las 5 áreas temáticas que abarca los 19 mandatos prioritarios del Compromiso de Lima, siendo el peor valorado el «fortalecimiento de la gobernabilidad democrática» y el mejor la «prevención de la corrupción».
Transparencia Internacional, capítulo panameño, señaló que los resultados del informe sobre el «fortalecimiento de la gobernabilidad democrática» son «críticos», pues en esta área el país sacó un 1,07.
Y a pesar de que en la prevención Panamá haya sacado un 1,65 puntos -sobre tres- esta nota «no alcanza un índice medio en la escala de la metodología», agrega.
Destaca que uno de los «grandes desafíos» del monitoreo fue que «no existe un mecanismo público oficialmente encargado de la revisión del cumplimiento de dichos acuerdos», lo que dificulta determinar «los obstáculos que se presentan para así mejorar los indicadores de cumplimiento de dichos compromisos».
Por ello, desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas recomiendan «garantizar la independencia y separación real» de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la administración de justicia a través de una nueva Ley de carrera judicial que se base en la meritrocracia
CP
