Además de Juan Silva, dos sobrinos del mandatario, así como el exsecretario general de Palacio de Gobierno están siendo investigados por una supuesta organización criminal activa en el Ministerio de Transportes.
La justicia peruana ordenó la captura del exministro de Transportes Juan Silva y ofreció una recompensa de 50 mil soles (US$ 13.311) por información para que fuera detenido. El prófugo está acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada; esto, al supuestamente integrar una red de corrupción que estaría liderada por el actual mandatario, Pedro Castillo.
“Estamos intensificando y maximizando los esfuerzos para lograr la ubicación del investigado (Juan Silva), así como de todas las personas que se encuentran solicitadas por la justicia”, indicó en un comunicado la Policía Nacional de Perú, citado por el diario El Comercio.
La fiscalía informó que dispuso que la policía ejecute una medida de videovigilancia contra el exministro desde el 27 de mayo. Sin embargo, en un comunicado, la institución indicó que no había podido encontrar a Silva, pese a que el exministro estuvo el pasado 1 de junio en entrevistas presenciales en radio por la mañana y en televisión por la noche.
Así, cuando el juez Juan Carlos Checkley dictó la orden de detención, el sábado 4 de junio, en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata III, no pudo ser encontrado.
La hipótesis fiscal es que Silva -que renunció hace dos meses a la cartera de Transportes- integraba una red criminal que adjudicaba obras públicas a cambio de recibir beneficios económicos. El Ministerio de Transportes es la cartera con mayor presupuesto de Perú y para 2022 se le destinaron US$ 3.344 millones.
Según el diario La República, la última semana, se reveló la transcripción de un audio que evidencia que el también investigado empresario Zamir Villaverde le habría entregado 100 mil soles (US$ 26.627) a Silva a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto Puente Tarata III.
El Presidente Castillo también está llamado a declarar como investigado por el caso Puente Tarata III, el próximo 13 de junio. Según la fiscalía, el mandatario sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Silva no es el único allegado al jefe del Ejecutivo que se encuentra prófugo. También son buscados por la justicia el exsecretario presidencial y dos sobrinos del mandatario en investigaciones diferentes a la de Castillo.
El exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, está en la clandestinidad desde el 28 de marzo pasado, fecha en la que se ejecutó la orden de detención preliminar que fue dictada judicialmente.
CP
