El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, niega haber interferido de alguna forma con los trabajos del aparato judicial ante los retrasos en la presentación del informe final sobre una investigación por presunta corrupción en el país africano.
«La Presidencia rechaza las afirmaciones que apuntan que el presidente ha interferido de alguna forma con el trabajo de la comisión judicial, tal y como han especulado algunos partidos opositores», ha señalado la oficina de Ramaphosa en un comunicado publicado en su página web.
La comisión, encabezada por el juez Raymond Zondo, investiga las acusaciones de corrupción durante el mandato del expresidente Jacob Zuma y, si bien ha presentado varios informes parciales, la publicación del informe definitivo ha sido aplazada desde el 15 de junio.
La Presidencia sudafricana ha subrayado que «aún no ha recibido ningún tipo de copia del informe final de la comisión» y ha agregado que el propio Zondo trasladó el 16 de junio a Ramaphosa que había «un retraso» y que trabajaba para «terminar el informe lo antes posible».
«La comisión indicó posteriormente que el informe electrónico sería entregado al presidente durante la tarde del 19 de junio de 2022, lo que, desafortunadamente, no pasó», ha explicado, al tiempo que ha confirmado una llamada telefónica el lunes entre Ramaphosa y Zondo para abordar la situación.
Por otra parte, ha resaltado que se ha acordado la fecha «provisional» del 22 de junio para la entrega del informe y ha hecho hincapié en que «la Presidencia hará un anuncio una vez haya recibido el informe final de la Comisión Judicial de Investigación sobre Acusaciones de Captura del Estado».
Las investigaciones por la ‘Captura de Estado’ se puso en marcha tras las acusaciones de corrupción que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana –figura equivalente al Defensor del Pueblo– Thuli Madonsela, en el que se detallaban sus conexiones con la familia Gupta, con lazos con Zuma.
Zuma fue condenado en junio de 2021 a 15 meses de cárcel por desacato por negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato, mientras que hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.
El exmandatario es el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) –partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Ramaphosa– se hizo con el poder en 1994.
CP
