Actuación del Estado en las causas judiciales. Los movimientos de los órganos de control del Estado que querellaron en las causas por corrupción kirchnerista enfrentan, desde que asumió el Gobierno, el dilema sobre cómo actuar en casos que fueron catalogados como operaciones de » lawfare» o «persecusión judicial» tanto por Alberto Fernández y Cristina Kirchner como por quienes encabezan hoy esas dependencias de control.
La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se involucraron activamente en varias causas de corrupción durante el macrismo y fueron a fondo con las acusaciones a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y otros exfuncionarios y empresarios afines al kirchnerismo.
Apenas asumió el Frente de Todos, la defensa de Cristina coincidió con la defensa de otros acusados y pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 que la OA y la UIF dejaran de intervenir en el proceso oral, donde se investiga si se le adjudicaron obras públicas a Lázaro Báez de manera irregular.
El Tribunal no hizo lugar a ese planteo y hoy, en la causa Vialidad, todavía son querellantes ambos órganos.
La OA sí mostró un fuerte viraje, sin embargo, en las causas Hotesur y Los Sauces, cuyo juicio oral se llevará adelante de manera unificada y todavía no tiene fecha de inicio.
A mediados de mayo, en plena pandemia, el órgano conducido por el fiscal de Justicia Legítima Félix Crous r enunció a su rol de querellante en esas causas, donde también están procesados Máximo y Florencia Kirchner, bajo el argumento de que, como se investiga el delito de lavado de dinero, corresponde que intervenga la UIF.
El delito imputado a Cristina Kirchner en esa causa no es, sin embargo, únicamente el de lavado. También se le imputa haber encabezado una asociación ilícita. La OA señaló, también, que tenía escasos recursos humanos para sostener la querella.
Ese mismo argumento fue uno de los utilizados por la extitular de la OA, Laura Alonso, para responder por qué no querellaba en causas contra funcionarios macristas.
La acción de la OA en esa causa saldó un interrogante que se extendió desde que ganó las elecciones el Frente de Todos hasta el momento: qué rol cumpliría ese órgano que durante la gestión de Mauricio Macri apuntó sus cañones contra Cristina Kirchner.
Crous anticipó, en ese entonces, que renunciaría a otras querellas, pero por ahora esa decisión no se vio en otros expedientes.
La UIF , por otro lado, no desistió de su rol de querellante en causas por corrupción del kirchnerismo, aunque su titular, Carlos Cruz, había considerado que no eran los delitos contra la administración pública el delito precedente al de lavado de dinero.
El órgano antilavado sigue con la querella contra el entorno del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz y el contador Víctor Manzanares, y pidió elevar a juicio el tramo de la causa que sigue en instrucción .
El movimiento de mayor voltaje político que quizá haya hecho la UIF en los últimos meses fue presentarse como querellante en la causa penal contra el exdirector del Banco Nación y los directivos de Vicentin .
En ese expediente, la dependencia conducida por Cruz, que ya fue tenida como querellante con la hipótesis de que hubo maniobras lavado de dinero mientras la compañía entraba en cesación de pagos, pidió inhibir los bienes del expresidente Mauricio Macri, del extitular del Banco Central Guido Sandleris, del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y de dos directivos de Vicentin, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán.
En medio del conflicto que se desató entre el Gobierno y Vicentin, tres diputados de la Coalición Cívica denunciaron a Carlos Cruz y la subdirectora del organismo antilavado Mariana Quevedo por presunta divulgación de datos clasificados, por unas declaraciones que hizo Alberto Fernández sobre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre la empresa, que está en concurso de acreedores.
Ante la consulta de este medio, fuentes judiciales que intervienen en la causa Vicentin dijeron que la UIF no presentó un ROS junto con su acusación.
La UIF y la OA sostuvieron su acusación en la causa Odebrecht por las plantas potabilizadoras de AYSA, a cargo del juez Sebastián Casanello.
En ese expediente, las querellas acusaron al exministro De Vido, a los exfuncionarios José López y Roberto Baratta, y a los empresarios Tito Biagini , Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros. Según dijeron fuentes judiciales a este medio, sus escritos siguieron la línea que mantenían los organismos durante la instrucción de la causa.
Y acusaron también al empresario Lázaro Báez en el juicio por lavado de dinero. Ese alegato generó fuertes disputas puertas adentro de las dependencias de control.
La UIF finalmente pidió nueve años de prisión para Báez. La OA había comenzado la exposición de su alegato, pero el proceso oral quedó suspendido por la pandemia y se reanudará mañana. En esa causa también es querellante la AFIP, conducida por Mercedes Marcó del Pont.
La AFIP jugó sus cartas durante el gobierno anterior con fuertes acusaciones contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa , involucrados en una causa por defraudación al Estado junto al extitular de ese organismo, Ricardo Echegaray. Ese juicio, que se encuentra en la etapa de declaraciones de testigos, hoy está suspendido por la pandemia de coronavirus.
CP
