La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición planteada por la acusación popular que ejerce Acción Cívica en el caso Imelsa para que el exgerente de esta empresa pública y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ingrese en prisión preventiva al observar riesgo de fuga, pero ha pedido que se acredite cuál es su domicilio real.
En una vistilla celebrada en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que dirige la macrocausa conocida como caso Imelsa, el fiscal ha pedido que se mantenga la retirada del pasaporte de Benavent pero se ha opuesto a su ingreso en prisión, alegando que está acudiendo a todas las vistas de la primera de las piezas que ha llegado a juicio.
Según han informado a EFE fuentes del caso, el fiscal ha pedido al juez instructor (y así lo ha acordado) que la Policía Judicial certifique cuál es el domicilio actual de Benavent, después de que éste haya cambiado recientemente de abogado y de estrategia.
La acusación popular que ejerce Acción Cívica Contra la Corrupción en varias piezas separadas del caso Imelsa cree que existe riesgo de que Benavent pueda fugarse por el hecho de que ha residido durante varios meses en el extranjero, además de haber abandonado su estrategia de colaboración con la Justicia.
El letrado de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro, ha respondido que su defendido sigue estando a disposición de la Justicia y que reside en el mismo lugar que cuando se inició la investigación, en una vivienda familiar de un municipio de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida.
Asimismo, ha recordado que carece de pasaporte, porque le fue retirado, y ha calificado de «coacción» la petición de ingreso en prisión.
Una vez comprobado el domicilio de Benavent, el juez instructor deberá pronunciarse sobre la petición de prisión provisional.
Cp
