A partir del próximo lunes 12 de abril, a las 8, en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, se desarrollará el debate del juicio oral y público en la que se juzgará entre otros, al exministro de Desarrollo Social del Chaco, Roberto Lugo, acusado como presunto jefe de una banda que defraudó al Estado provincial por un monto superior a los 6 millones de pesos mediante la simulación de licitaciones para la compra de mercaderías que siempre ganaban los mismos: sus familiares y amigos.
Se trata del segundo juicio oral por corrupción que se realiza en el Chaco en lo que va de 2021, tras el caso por el desvío de los fondos de la pauta publicitaria oficial, conocido como causa “Fappo”, en la que fue condenado, entre otros, el exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey.
En este caso, los ilícitos constatados por el equipo especial de fiscales provinciales, integrado por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba, comprenden el período entre el 26 de noviembre de 2013 y el 5 de marzo de 2015 cuando Lugo se desempeñó como ministro de Desarrollo Social del interinato del por entonces vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
Por 209 hechos, a Lugo se le imputan los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe de la banda; violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación caudales públicos, todo en concurso real. La pena mínima por el delito asociación ilícita es de cinco años de prisión.
La asociación ilícita se completa con Ricardo Retamozo, quién era la mano derecha de Lugo en el Ministerio de Desarrollo Social, y quiénes resultaron beneficiados por las contrataciones como proveedores: Claudia Varela (esposa de Retamozo), Juan José Varela (cuñado de Retamozo), Mónica Yaczuk (pareja de Lugo) y Carlos Amarilla.
El aporte del Centro Mandela
Si bien esta investigación judicial se inició en el año 2018, luego de que Lugo fuera imputado por la justicia federal en una causa por lavado de activos (que ya fue elevada a juicio oral), cuenta como antecedente con la labor desplegada por el fallecido coordinador del Centro Mandela Chaco, Rolando Núñez, quién alertó a la opinión pública sobre los manejos irregulares de Lugo en forma paralela a los hechos, es decir, en el año 2014, en lo que se conoció públicamente como el caso del “Polirrubros”.
Detalles del juicio oral
Las audiencias, en las que se espera la declaración de 62 testigos, se llevarán a cabo en la sala de debate de la Cámara (Juan B. Justo y San Martín). Las transmisiones en vivo de las instancias públicas (inicio, alegatos y lectura de sentencia) se verán a través del youtube.com/prensastjchaco. Para la jornada de lunes el link de transmisión será: youtu.be/bYk0QiRplP8.
El tribunal está compuesto por: María Virginia Ise (presidenta), Ernesto Azcona y Cristina Pisarello; mientras que al equipo fiscal especial lo conforman: Graciela Griffith Barreto (fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Fiscalía de Coordinación D) y Lucio Otero (fiscal N° 13).
Las defensas técnicas están a cargo de: Leandro García Redondo y Olga Mongelos representando a Roberto Lugo; la defensora oficial Nº 7, Estefanía Argarate, por Ricardo Retamozo y Claudia Varela; y la defensora oficial Nº 10, Yamila Baldonado por Carlos Amarilla.
Reglas de conducta para Lugo
Por otra parte, la Cámara impuso que Lugo mantenga domicilio del que no podrá ausentarse sin autorización, tampoco podrá ausentarse de Resistencia mientras esté abierta la audiencia de debate, ni salir de la provincia y el país (con notificación a la Dirección Nacional de Migraciones y entrega del pasaporte).
Además ordenó su inmediata libertad puesto que estaban vencidas todas las prórrogas legales que sostenían la prisión preventiva. Esta una disposición prevista en el inciso 3 del artículo 291 del Código Procesal Penal del Chaco aplicable a toda persona que, transcurridos un máximo de tres años de prisión, aún no tenga condena. Lugo sigue vinculado al proceso en la justicia provincial y continúa privado de su libertad a raíz de la causa que se tramita ante la justicia federal.
Resoluciones sobre imputados
La Cámara también denegó el beneficio de suspensión de juicio a prueba para Juan Carlos Amarilla y lo concedió para Juan Carlos Varela y Mónica Yaczuk.
Varela y Yaczuk deberán cumplir las siguientes pautas de conducta durante los tres años que durará la suspensión del juicio: fijar y mantener domicilio, informando cualquier cambio y someterse al cuidado de un Patronato; abstenerse de usar estupefacientes o bebidas alcohólicas y realizar 300 horas trabajos no remunerados o servicios comunitarios en favor de instituciones de bien público.
Asimismo, acordaron pagar sendas sumas en concepto de reparación de los presuntos daños causados. En tal sentido Varela abonará $25.000 y Yaczuk $20.000 que serán destinados a la Fundación Banco de Alimentos Resistencia.
CP
