La junta militar de Birmania (Myanmar) ha activado un nuevo proceso judicial por supuesta corrupción contra la líder electa Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado del pasado 1 de febrero que ha sumido al país en una profunda crisis, informó este viernes el equipo de la defensa.
Uno de los abogados de Suu Kyi indicó a Efe que han sido informados por la policía de que cuatro cargos por supuesta corrupción han sido presentados ya ante un tribunal de la ciudad de Mandalay, la segunda mayor del país tras Rangún.
Está previsto que el juicio comience el 1 de octubre y que las vistas se celebren cada dos semanas los viernes.
Entre las acusaciones de corrupción contra la exmandataria se encuentran haber recibido presuntamente sobornos de un empresario y abusar de su poder para favorecer supuestamente a una fundación bajo su nombre, alegaciones negadas rotundamente por sus abogados, como el resto de las acusaciones.
Suu Kyi, detenida desde el mismo día del golpe militar, está siendo juzgada también en un tribunal especial de Naipyidó por cinco variopintos delitos, entre ellos incitación al odio, violación de las normas de la covid-19 e importación ilegal de «walkie-talkies».
El proceso, que tenía previsto terminar antes de final de año, ha sufrido retrasos constantes desde la última vista celebrada, el 13 de junio, debido al rebrote de la pandemia en el país, entre otros motivos.
En la reanudación del juicio el pasado martes, el tribunal procedió a analizar dos de los cinco delitos de los que se acusa a Suu Kyi y al expresidente Win Myint.
La exconsejera de Estado, de 76 años, se encuentra bajo custodia en un lugar sin precisar y prácticamente desconectada de lo que acontece en su país, sumido en el caos político y social a raíz de la sublevación militar.
Desde entonces, el régimen golpista ha abierto varios procesos en contra de Suu Kyi, incluido un juicio en un tribunal en Rangún por supuestamente violar la Ley de Secretos Oficiales, un delito penado con hasta 14 años de prisión.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
El rechazo al golpe de los militares se ha puesto de manifiesto con protestas a lo largo del país y un movimiento de desobediencia civil que ha conseguido parar a parte de la Administración y del sector privado.
Al menos 1.105 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, mientras se mantiene detenidos a casi 6.573 opositores, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El golpe también ha recrudecido el conflicto armado en el país con el nacimiento de nuevos grupos de defensa contra la junta militar.
CP
