Una investigación surgida en 2019 en la región de Junín, en el centro de Perú, amenaza con ser el primer gran dolor de cabeza judicial para el nuevo gobierno de Pedro Castillo.
El viernes pasado, el fiscal Richard Rojas amplió la investigación por lavado de activos e incluyó al actual primer ministro, Guido Bellido, y a Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, para determinar el origen del dinero que financió la campaña que llevó a Castillo a la presidencia.
La causa de lavado de activos se inició a raíz del caso «Los Dinámicos del Centro», una investigación que comenzó en 2019 en Junín para identificar a una presunta organización enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del gobierno regional que se habría financiado a través de la emisión de licencias de conducir.
Cerrón, quien fue gobernador de Junín de 2011 a 2014, respondió en su cuenta de Twitter que «el linchamiento mediático jurídico» no lo doblegará ni a él ni a su partido:
«Perspectiva nacional»
El abogado constitucionalista Luciano López le explicó a BBC Mundo cómo los indicios obtenidos en las investigaciones en Junín generaron una nueva causa de lavado de activos a nivel nacional.
«En Perú tenemos un circuito, a nivel fiscal y a nivel judicial, que es el de corrupción de funcionarios, pero como las primeras investigaciones arrojaron indicios razonables de que esos hechos delictivos generaron fondos para actividades proselitistas, se abrió esta pesquisa de lavado de activos».
«Eso ha hecho que un asunto que a primera vista suena como algo local trascienda a una perspectiva nacional, porque significa que de ahí salieron fondos que podrían haber encumbrado a un partido a la presidencia de la República», añadió.
El 30 de junio de 2021, 24 días después de la segunda vuelta electoral en la que Castillo venció a Keiko Fujimori, la fiscal provincial de Huancayo, Bonnie Bautista, incluyó a Cerrón en la investigación sobre «Los Dinámicos del Centro».
Bautista le atribuye al líder del partido oficialista el haber tenido conocimiento de esta red de corrupción y de haberla encubierto para financiar sus actividades políticas.
Por su parte, el fiscal Rojas, a cargo de la causa de lavado de activos, considera que, además de financiar las campañas electorales, este dinero servía para enfrentar la indemnización de la condena por corrupción que Cerrón tiene vigente y que le impidió ser candidato a cargos electorales por parte de su partido.
Rojas incluyó también a más personas a la investigación -como el primer ministro Bellido y Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, congresista y vocero de Perú Libre- y al partido de gobierno como persona jurídica.
«Creo que se está abriendo un flanco bastante serio que puede remecer los cimientos del propio gobierno que recién se acaba de instalar», manifestó el abogado constitucionalista López.
De Junín a Lima
Además, en los últimos días, el fiscal superior nacional del sistema anticorrupción, Omar Tello, dispuso que este caso en el que está investigado Vladimir Cerrón, sea trasladado a Lima, pese a que inicialmente se había decidido que se mantenga en Junín.
Tello dijo que en un primer momento se negó la posibilidad de trasladar el caso a la capital porque no estaba sustentado debidamente el argumento de la «repercusión nacional».
Ante esta primera decisión, el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, había advertido que la investigación sí tendría repercusión, ya que «se encuentra comprometido el partido político Perú Libre y la campaña presidencial 2020-2021, encontrándose en tela de juicio el financiamiento del partido político al que pertenece nuestra máxima autoridad nacional«.
Estas decisiones judiciales, atribuidas por Vladimir Cerrón a una persecución política, llegan cuando el Consejo de Ministros del presidente Castillo aún está pendiente de acudir al Parlamento a pedir el voto de investidura.
CP
