El grupo élite anticorrupción de la Dijín está mostrando importantes resultados: no solo han logrado judicializar a jueces, fiscales y policías, sino han logrado varias condenas significativas. Si usted tiene una denuncia puede llamar a la nueva línea 157.
Cuatro funcionarios de un juzgado civil de Bello habrían montado una red para perjudicar a entidades públicas y privadas mediante acciones de tutela; mientras que un fiscal de Medellín cobraría a sus víctimas por agilizarles los procesos que se llevaban en su despacho. Casos como esos fueron algunos de los 25 que se presentaron contra servidores públicos en Antioquia por parte de la Dijín de la Policía Nacional, en una ofensiva contra la corrupción en el departamento en el último año y medio, que dejó a 80 personas procesadas.
De esta operatividad no se libraron jueces, fiscales, inspectores de policía, inspectores de juzgados, integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, secretarios de despacho y gerentes de entidades públicas que habrían aprovechado sus cargos para defraudar de alguna manera al Estado.
Uno de los casos más emblemáticos se procesó en 2023, luego de dos años de investigación, cuando en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello se articuló una red que se había especializado en montar tutelas que buscaban réditos económicos mediante esta acción legal, haciendo envíos desde correos específicos y con horarios de distribución específica para que los casos interpuestos por ellos llegaran a su juzgado y así responder a cambio de ganar y poder obtener retribuciones económicas.
Durante este periodo instauraron más de 20 tutelas contra EPM, Invías, Agencia Nacional de Minería, Inpec, Dian y empresas del sector privado por acciones en las que se pedían montos que estaban entre $1 millón y $10 millones, dependiendo de la retribución económica, dinero que después se repartían entre los implicados.
Por estos hechos, a Víctor Hugo Arbeláez Gómez, oficial mayor del juzgado, lo condenaron a 108 meses de prisión, mientras que Luis Bernardo Navales Rodríguez, citador adscrito al centro de servicios judiciales de Bello, recibió una pena de 49 meses de prisión, ambos procesados por concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y falsedad en documento público.
Además, el juez primero del Circuito de Oralidad de Bello, Jairo de Jesús Giraldo Naranjo, recibió una pena de 85 meses de detención por concierto para delinquir agravado y prevaricato.
Pero la pena más severa por estos hechos recayó sobre Juan Sebastián Montoya Cardona, inspector de Policía de Bello, quien deberá purgar una pena de 10 años de prisión por nueve delitos en total contra la función pública.
La efectividad de este grupo de la Dijín, especializado en combatir los casos de corrupción en la función pública en Antioquia es contundente, puesto que además de estos procesados logró la condena de dos jueces, dos fiscales, dos funcionarios de la rama judicial como los más destacados de hechos recientes.
Entre los fiscales se encuentra Nicolás Darío Sánchez Rodríguez, quien trabajaba para la Seccional Medellín y recibió una condena de 64 meses de prisión por concusión, prevaricato por acción y por omisión ante el cobro de $3 millones de una víctima para agilizar un proceso por estafa que había interpuesto.
A cambio de este dinero, prometería que solucionaba todo el proceso legal y daría rápidamente con los responsables, pero el afectado optó por denunciar, llevando el proceso a los tribunales.
Una línea propia
Para extender su radar operativo, desde hace un mes instauraron la línea 157 anticorrupción, con la que buscan recibir denuncias contra este delito sin excepciones, más allá de la categoría del servidor público para iniciarle el proceso respectivo.
Y en este tiempo la efectividad de esta linea se ha visto, puesto que fueron 2.859 llamadas las que recibieron los investigadores sobre distintas irregularidades cometidas por parte de funcionarios en diferentes modalidades, todo con el fin de que se inicien procesos.
Desde la Dijín se iniciaron 18 investigaciones preliminares originadas en llamadas anónimas, todo con el fin de proteger la identidad del denunciante. Estos casos ya tienen despacho de fiscal y Policía Judicial asignados para toda la indagación.
Los principales delitos denunciados mediante esta línea son por realizar contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricatos, concusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público.
