El primer informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción reveló que, aunque los países de las Américas tienen un amplio marco de disposiciones para hacer frente a las irregularidades y los desvíos de fondos, los esfuerzos resultan insuficientes si no van acompañados de formación y voluntad política para cumplir con las regulaciones.
Transparencia Venezuela, 6 de septiembre de 2021. Más de 150 organizaciones de la sociedad civil realizaron trabajos de monitoreo, investigación, análisis e incidencia en 19 países del hemisferio, para dar forma al primer informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC), Balance normativo de los Compromisos de Lima, en el que se midieron los indicadores normativos para fortalecer la lucha contra la corrupción en la región, en el marco del seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, suscrito durante la VIII Cumbre de las Américas, en 2018.
Entre los principales hallazgos del balance destaca que las regulaciones más desarrolladas a escala regional están asociadas a la transparencia en el financiamiento de campañas, los planes nacionales de Gobierno Abierto y las plataformas electrónicas para las contrataciones públicas.
En contraste, elementos fundamentales como la protección a denunciantes, testigos o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores públicos presentan avances relativamente bajos.
Del informe se desprende que Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay, son los países donde se identificó mayor ausencia de regulaciones para hacerle frente a la corrupción, mientras Perú, México y Colombia se ubicaron como las naciones con el mayor número de normas vigentes para la lucha contra la corrupción.
Pero, estos esfuerzos son insuficientes si no vienen acompañados de voluntad política y el desarrollo de capacidades administrativas, humanas, técnicas, tecnológicas y financieras para la efectiva regulación e implementación de la normativa. Asimismo, se evidenció que se requiere un mayor impulso a las políticas anticorrupción en temas novedosos, previstos en el Compromiso de Lima, como son la inclusión del enfoque de género y de los grupos en condición de vulnerabilidad.
Este balance preliminar del OCC reveló que el eje temático de fortalecimiento de la gobernabilidad es el que menor desarrollo normativo tiene en la región. De igual modo, el estudio apunta a la necesidad de abordar distintas estrategias nacionales y regionales para apoyar a los países con la peor evaluación. Estos hallazgos son producto del análisis de cada compromiso a partir de la ponderación del nivel de avance y cumplimiento de indicadores que tomaron en cuenta tres criterios: pertinencia, eficacia y sostenibilidad.
El Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los capítulos nacionales de Transparencia Internacional, y actores sociales de 19 países del continente americano, que tiene como propósito dar seguimiento al compromiso adoptado por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de Las Américas, en Lima, Perú; y a la vez promover la participación ciudadana en los esfuerzos anticorrupción que se adelanten.
El segundo informe del OCC, que evaluará qué tanto se están aplicando las normas anticorrupción en los países de la región, será divulgado en las próximas semanas.
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CP
